WASHINGTON (AP) — Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas, según revelaron a The Associated Press personas con conocimiento de la pesquisa.
Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia es uno por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.
Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas, trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9 mil empleados de la propia DEA.
También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington, por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.
El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.
“Algunos de estos tratos parecen muy pantanosos”, aseguró Scott Amey, abogado del grupo apartidista Project on Government Oversight. Amey señala que las reglas para la contratación federal deben conducirse sin tratos preferenciales, evitando incluso la insinuación de un conflicto de intereses. También se prohíbe que los contratistas desempeñen “funciones que corresponden al gobierno”, como dirigir a empleados federales.
“Nunca se deben asignar contratos a partir de a quién conoces”, dijo Amey.
Detalles de la investigación que se está ampliando, y que inició hace varios meses debido a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del Inspector General y que compartieron documentos sobre los contratos, con la condición de que se mantuviera su anonimato. Si se confirman irregularidades, el Inspector General puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acusaciones penales.
La investigación se realiza en momentos en que la DEA enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas. Al mismo tiempo tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que se cobra más de 100 mil muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró como “la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia”.
La DEA no permitió que Milgram diera una entrevista o que discutiera la investigación o contratos específicos, y sólo entregó una declaración institucional por escrito.
“La DEA ha actuado con apremio para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadounidenses, crear conciencia pública sobre cómo una sola píldora puede matar y promover y reclutar a cientos de personas altamente talentosas, tanto dentro como fuera de la agencia”, señaló. “Estos cambios se han realizado a través de un proceso extenso y en varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional y la salud del pueblo estadounidense”.
Anthony Coley, exvocero del Departamento de Justicia que conoce a Milgram desde hace 15 años, dijo que la crisis del fentanilo requiere nuevas ideas y energía, no hacer las cosas como siempre.
MANDATO PARA LIMPIAR LA CASA
Con la bravuconería y mano dura propia de Nueva Jersey y una estrategia basada en estadísticas para hacerle frente a la guerra contra las drogas, Milgram, de 52 años, llegó a la principal agencia de narcóticos del país hace dos años con la instrucción de limpiar la casa.
Sin embargo, la funcionaria designada por el presidente Joe Biden enseguida hirió susceptibilidades al despedir a varios funcionarios de carrera a los que consideró parte de una cultura exclusivista que permitió que florecieran las malas prácticas. Como administradora, favoreció la asesoría de abogados y especialistas en restricción de datos recién contratados que trabajan con ella en una sección aislada del piso 12 de la sede de la DEA, conocida como “la burbuja”.
Milgram también hizo hincapié en mostrar cero tolerancia para casos de conducta sexual inapropiada y el racismo entre el personal, advirtiendo a los agentes que podrían ser despedidos incluso en el caso de algunas primeras infracciones, un cambio con respecto a administraciones previas.
Una de sus primeras acciones fue anunciar que se haría un análisis externo sobre la presencia de la DEA en el extranjero, que se extiende por 69 países. Esto se produjo tras el arresto de José Irizarry, un agente que enfrenta una sentencia de 12 años en una cárcel federal tras confesar haber lavado dinero de los cárteles del narcotráfico colombiano y robar millones provenientes de decomisos e informantes para costear una vida de cenas lujosas, fiestas y prostitutas.
Varias de las contrataciones ocurrieron a través de “The Clearing”, un contratista federal con sede en Washington que brinda servicios administrativos de subcontratación a la DEA y otras agencias federales.
“The Clearing” ha facturado 4.7 millones de dólares a la DEA por concepto de “planeación estratégica y servicios de consultoría de comunicación” en los últimos dos años, lo cual ha supuesto 30% del total de sus contratos federales durante ese periodo.
Entre las personas contratadas a través de “The Clearing” que están bajo escrutinio, se encuentran Lena Hacket, antigua empleada del partido demócrata en el Congreso y fundadora de “Community Solutions”, empresa consultora con sede en Indianápolis que trabaja en temas de salud pública y justicia criminal. Milgram la describió como su socia principal en un proyecto de reforma a la policía que fundó en Indianápolis en 2020 mientras era profesora en la Universidad de Nueva York.
Registros internos revelan que Hackett informa con frecuencia a agentes federales, prepara declaraciones sobre políticas y memorandos para Milgram, además de reunirse con las familias afectadas por la crisis del fentanilo. Por sus servicios, la DEA presupuestó 257 dólares la hora, más del triple de la tarifa por hora que ganan los altos funcionarios de la agencia, incluido el director de servicios comunitarios.
Otra persona contratada a través de “The Clearing” es Julia Pacetti, publicista de Nueva York quien ha dirigido campañas en medios para importantes personajes públicos y escritores.
Según documentos, la empresa de Pacetti con sede en Brooklyn, JMP/Verdant, cobró 11.500 dólares al mes más viáticos por escribir comunicados de prensa, gestionar las solicitudes de entrevistas y organizar conferencias de prensa, labores que para muchos son redundantes dado que la DEA tiene una plantilla de empleados que trabajan en relaciones públicas.