Porque el abuso de de la fuerza policial ha sido una constante en la manifestaciones que recientemente se han desarrollado en Colombia
En los últimos días, miles de colombianos han salido a las calles de las ciudades capitales para manifestarse contra una impopular reforma tributaria que se discutía en el Congreso y que afectaría especialmente a la clase media.
En los cinco días que van de protestas se reportan 19 muertos y más de 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo de Colombia.
El gobierno del presidente Iván Duque argumentaba que necesitaba dinero para financiar mejoras a los servicios de salud, y para mantener la entrega de un ingreso básico que implementó por causa de la pandemia.
Con la propuesta de aumento de impuestos, el Ejecutivo planeaba recaudar unos 6,300 millones de dólares para financiar proyectos sociales derivados de la pandemia, como subsidios por 44 dólares para tres millones de pobres.
Para justificar la reforma, el Ejecutivo sostenía que necesitaba esa recaudación debido al déficit fiscal del país, el cual estima fue de 7.8% del Producto Interno Bruto en 2020, y de 8.6% para 2021.
El fallido plan incluía un impuesto del 19% a la gasolina, así como una iniciativa para ampliar la base tributaria al cobrar un impuesto sobre la renta a las personas que ganaran el equivalente a 700 dólares mensuales o más.
Consideraba además un impuesto del 19% a los servicios públicos que reciben los vecindarios de clase media, y un gravamen a la riqueza para las personas cuyo patrimonio equivaliera a 1.3 millones de dólares o más.
También se proponía gravar pensiones de más de 1,200 dólares.
DE REVERSA
El presidente Iván Duque retiró el domingo pasado la propuesta en respuesta a las manifestaciones, y el lunes su ministro de Hacienda y autor del fallido plan, Alberto Carrasquilla. No obstante, el mandatario exhortó a políticos a unirse y diseñar otro plan fiscal.
“Retirarla o no retirarla (la reforma) no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, manifestó Duque el domingo en un discurso televisado a nivel nacional.
Duque detalló que entre las iniciativas para la nueva reforma figuran medidas temporales como una sobretasa de renta a las empresas, un impuesto al patrimonio y una sobretasa de renta a las personas de mayores ingresos, así como “profundizar” programas de austeridad estatal, entre otras.
“No habrá ningún incremento del IVA para bienes ni servicios”, aseguró.
Antes de sepultar la polémica propuesta, el 30 de abril el gobierno ya había anticipado que cedería en algunas peticiones al no cobrar un impuesto a las ventas del 19% a los servicios funerarios ni a los servicios públicos de agua, gas y electricidad.
Sin embargo, sindicatos pedían el retiro completo de la propuesta de reforma, o que el Congreso no la aprobara.
¿QUIÉNES SE OPONEN?
La mayoría de los partidos políticos —que se preparan para elecciones este año— rechazaron el plan, que también molestó a sindicatos, grupos estudiantiles y operadores de pequeños negocios cuyos ingresos se han visto afectados por la crisis sanitaria.
Los manifestantes le pidieron al gobierno que incrementara los impuestos a las empresas y disminuyera el gasto militar en lugar de gravar a la clase media.
La cancelación de la propuesta no apaciguó del todo las protestas en las calles de la capital y otros puntos del país.
Horas después de la declaración presidencial regresaron las manifestaciones en las calles. Algunas eran de ciudadanos que festejaban el retiro de la reforma, mientras que otras eran de grupos aún insatisfechos que salieron a rechazar la represión de las protestas por parte de los cuerpos de seguridad.
“Lo esperábamos, pero realmente no quedamos tranquilos, no sabemos qué pase. No sabemos qué otra propuesta tenga, qué otro nombre se le dé a esta situación. Nos preocupan muchas otras cosas más que todavía no están contempladas en este cambio”, dijo el lunes Ángela López, una de las manifestantes del domingo.
LAS PROTESTAS
Las manifestaciones se tornaron violentas particularmente en ciudades como Bogotá, Cali y Pasto, en el centro y el oeste del país.
El 28 de abril, los manifestantes salieron a las calles pese a que un día antes un fallo judicial ordenó al gobierno nacional y a las alcaldías aplazar los permisos de las manifestaciones hasta tanto se implementara un protocolo de bioseguridad o se alcanzara la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia de la COVID-19.
El 30 de abril, la Policía Nacional reportó 185 personas capturadas y 209 policías heridos, cinco de los cuales sufrieron quemaduras.
LA RENUNCIA
Este lunes, el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia.
“Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”, señaló el exministro a través de un comunicado.
Además sostuvo, que “el país necesita llegar a un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo colombiano”.
En medio de esta ola de violentas manifestaciones, Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó a las autoridades a la calma y a garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en Cali, Colombia, la pasada noche cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria matando e hiriendo a varias personas”, dijo Marta Hurtado.
“Hacemos un llamamiento a la calma, recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad en proteger los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, enfatizó.