La oposición en el Congreso de Argentina dio un nuevo revés al presidente ultraderechista Javier Milei al rechazar en el Senado parcialmente el decreto de desregulación de la economía que entró en vigencia a fines de diciembre.
Con 42 votos de distintas fuerzas políticas sobre 71 senadores presentes, la Cámara Alta se pronunció el jueves por la invalidez del decreto llamado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, que desmontó más de 300 regulaciones sobre distintas actividades económicas. Hasta 25 senadores avalaron el decreto y el resto se abstuvo.
Pese a la votación negativa, el decreto sigue vigente, ya que para su derogación definitiva es necesario que también lo rechace la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde lo simbólico, representa un nuevo traspié legislativo para Milei luego de que fracasara a fines de enero la votación del megaproyecto de ley con varias reformas económicas.
Además, dejó nuevamente en evidencia la debilidad del partido gobernante La Libertad Avanza, que es la tercera fuerza en el Congreso, para negociar con otros espacios políticos la sanción de leyes. En el Senado, el oficialismo cuenta con siete de un total de 72 senadores.
El decreto de Milei diseñó un cambio de reglas de juego en su objetivo de terminar con una cultura de fuerte intervencionismo estatal y avanzar hacia una economía de libre mercado al eliminar fuertes regulaciones sobre áreas tan diversas como el trabajo, la salud, el consumo, la renta de viviendas, el turismo, las comunicaciones y hasta el fútbol.
En materia laboral, limitó el derecho a huelga en actividades esenciales como servicios hospitalarios, educación y transporte. Y abrió el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos costoso el despido de empleados.
El decreto eliminó todas las herramientas de control de precios en un país que en febrero registró una variación interanual de 276,2%; derogó la ley de alquileres para que plazos y moneda se definan libremente entre partes, modificó el marco regulatorio de la medicina privada para que las empresas fijen valor de cuota sin autorización previa del Estado, liberó el mercado aeronáutico y de las telecomunicaciones satelitales y limitó controles sobre empresas emisoras de tarjetas de crédito.
Privatizaciones de empresas públicas y clubes deportivos también quedaron habilitadas por el decreto.
La iniciativa sufrió un primer tropiezo en la justicia con varios fallos que mantienen suspendidos los artículos referidos a la reforma laboral, desregulación de la medicina privada y sociedades anónimas en el fútbol.
Por ley, el decreto requiere ser convalidado por el Congreso. Según la norma, diputados y senadores no pueden modificar el texto y su potestad es aceptarlo o rechazarlo con el voto de la mitad más uno de los miembros presentes en cada cámara.