El dictamen del Presupuesto de 2022, que ya se votó ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, incluye un recorte de recursos tanto para el Poder Judicial como para el Instituto Nacional Electoral (INE).
En el caso del INE, el monto recortado es de 4 mil 913 millones de pesos y de 3 mil millones de pesos para el Poder Judicial.
En su presupuesto, el INE había incluido 3 mil 800 millones correspondientes a la consulta de la revocación de mandato, que se realizaría en marzo.
Un recorte como el previsto en la modificación del presupuesto, de facto impediría la realización de esa consulta.
La narrativa que existirá por parte de Morena y sus aliados, en caso de darse esta contingencia, es que el INE está obligado legalmente a realizar la consulta y que en caso de que no la efectúe, esto será producto de la resistencia de la institución y buscaría que, como consecuencia de ello, los integrantes del Consejo fueran sometidos a juicio político.
Es decir, el tema va mucho más allá de una contienda por recursos públicos. Más bien, pareciera ser parte de una estrategia más amplia para desacreditar a las instituciones electorales.
El argumento de Morena será que el lNE tiene recursos de sobra y que debería proceder a la consulta, recortando fondos de otros propósitos.
Este hecho preludia una situación de conflicto muy serio entre la autoridad electoral y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El INE, casi seguramente, tedría que acudir al Poder Judicial para buscar la protección de la Corte.
Este año, precisamente la Corte instruyó al Instituto a requerir recursos para la realización de procesos de consulta popular, lo que hizo el Instituto.
Desde esta misma semana, este asunto seguramente va a sacar chispas cuando se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, pese a la resistencia que pueda poner la oposición, Morena y sus aliados tienen los votos necesarios para sacar adelante este presupuesto.
No dudo que la creación de este ambiente de confrontación sea deliberada, con objeto de que pueda justificarse el envío próximo de una reforma constitucional para cambiar de modo profundo a las autoridades electorales, tanto al INE como al Tribunal.
Si usted suma esta circunstancia que se está perfilando en el ámbito político con la cada vez más intensa discusión del tema energético, podemos anticipar que en los siguientes meses tendremos en México un periodo de alta conflictividad política que tendrá un pronóstico reservado.
En el caso de que el INE no organice la consulta por la revocación de mandato por razones presupuestales, tenga usted la certeza de que Morena o incluso el propio gobierno federal se va a encargar de organizarla, como ha hecho con otro tipo de procedimientos.
No importa que no cumpla con las reglas básicas de una consulta y que sea juez y parte.
Para el presidente va a ser relevante que sucedan dos cosas.
Por un lado, poder contar con una cifra en la que diga que tiene el respaldo de un alto porcentaje de la población y por la otra, encontrar la coyuntura para buscar deshacerse del INE y del Tribunal, que le son muy incómodos.
Nos esperan tiempos tormentosos.