Durante una discusión reciente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, me permití formular una objeción y una pregunta. Al participar en una mesa con varios de sus artífices o partidarios, quizá me manifesté de manera confusa y apresurada, y el calor del debate probablemente no les permitió a mis colegas dedicarle el tiempo deseable al tema. Aprovecho entonces este espacio para replantear mis dudas y críticas.
Hasta donde entiendo, el SNA no contempla esquemas expeditos, sencillos y autónomos de cooperación internacional. Sin haberlo estudiado con profundidad, tengo la impresión que la Fiscalía Anticorrupción, cuando llegue a existir y cuando sea designado su titular, podrá utilizar los canales vigentes de solicitar información a otros gobiernos, mas no se hallará en condiciones de proceder de modo directo.
Utilizo uno de los ejemplos más recientes de corrupción y abuso, especialmente doloroso porque los recursos en cuestión hubieran servido hoy más que nunca para otros fines. Según varias denuncias ya divulgadas, se supone que Juntos Podemos, la organización que preside Josefina Vázquez Mota en Estados Unidos, canalizó entre 2014 y 2016 más de cien millones de dólares del presupuesto federal a diversos proyectos y grupos de mexicanos o mexicano-americanos en Estados Unidos (EU). El dinero fluía de la Secretaría de Hacienda a la de Relaciones Exteriores, allí era 'palomeado' por el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) y transferido a los consulados mexicanos en EU, para entregarse a la Fundación AEM-USA, que a su vez lo repartía entre los grupos de migrantes o latinos.
No se sabe hasta la fecha por qué fue designada Josefina Vázquez Mota para llevar a cabo esta tarea distributiva ni por qué el IME y los consulados fueron marginados del esquema ni a cuánto ascendieron los gastos de operación del equipo de Vázquez Mota (incluyendo sus boletos de avión, los de su estilista, su hospedaje en múltiples ciudades norteamericanas y el uso constante de personal de los consulados para sus actividades). Se han presentado varias solicitudes al INAI para transparentar el esquema, y algunos datos ya han sido filtrados o revelados por la prensa o por Mexicanos Unidos Contra la Corrupción (cuya titular, María Amparo Casar, figuró en la mesa de marras de la FIL).
Para desenredar el asunto, sería necesario –indispensable más bien– poder acceder a testimonios, documentos, cuentas bancarias, recibos, actas constitutivas, declaraciones de impuestos, etcétera, de una buena cantidad de entidades –públicas y privadas– ubicadas en Estados Unidos. La pregunta es muy sencilla. ¿Podrá la Fiscalía Anticorrupción solicitar y obtener esa documentación directamente; es decir, sin pasar por la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, en su caso el SAT, y la Embajada de México en Washington? ¿O deberá seguir el procedimiento actual y remontar toda la cadena? La 'autonomía' de la Fiscalía Anticorrupción ¿le permitirá dirigirse en directo a diversos interlocutores en Estados Unidos? O al formar parte del Poder Ejecutivo federal ¿deberá canalizar todo a través de las dependencias pertinentes del mismo?
Veo razones válidas para que la respuesta se encamine por cualquiera de ambas vías. Pero no son iguales. La plena autonomía representa un cambio; la inclusión en el organigrama del Ejecutivo, no. ¿Cuál es?