Para propiciar piso parejo en las contiendas electorales, desde 2007 se ha construido un andamiaje de reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales para que haya un calendario definido de tiempos de precampañas y campañas y evitar que los servidores públicos (o cualquier persona) se adelante y así obtenga una ventaja indebida.
La semana pasada el INE impuso medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum como respuesta a diversas quejas presentada por el PAN y por diversas personas por la campaña de propaganda que se lleva a cabo en todo el país bajo el hashtag #EsClaudia.
El INE no se pronunció sobre el fondo del tema, es decir, si la jefa de gobierno es culpable o si la campaña #EsClaudia constituye una violación a la legislación electoral. Sin embargo, impuso medidas cautelares mientras resuelve la Sala Especializada del Tribunal Electoral, que es la instancia que se puede pronunciar sobre el fondo del asunto.
La medida cautelar consistió en que Sheinbaum publicara un deslinde de las acciones de propaganda que se esparcen por todo el país en bardas, lonas, utilitarios, espectaculares y redes sociales. En su carta, Sheinbaum invita a sus simpatizantes a que “se abstengan de difundir su nombre, apellido e imagen, […] ya que dichas conductas podrían llegar a constituir alguna infracción a las normas en materia electoral”.
En materia electoral, la parte beneficiaria de cualquier acto de propaganda es corresponsable, a fin de evitar la simulación, eso es, que otros hagan campañas como si fueran propias para que el beneficiario reciba los réditos sin incurrir en los costos o las prohibiciones.
Sheinbaum acató de mala gana y aderezó su publicación con un mensaje que no detendrá la simulación. Según ella, el INE demuestra su talante antidemocrático y conservador y censura la libertad de expresión.
Claramente se trata de una campaña coordinada: la mayoría de las bardas utilizan los mismos colores (rojo, negro, guinda) y mensajes similares. En todas las lonas denunciadas se aprecia la imagen de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Las expresiones se detonaron a la par de que ella inició una campaña de giras por todo el país para promover su persona.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son actos anticipados de campaña aquellos “actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
A partir de esa definición, el Tribunal Electoral ha sostenido que, para que se configuren los actos anticipados de campaña, se requiere la coexistencia de tres elementos: a) los actos o frases se realizan antes de la etapa de campaña electoral; b) es identificable la persona beneficiaria; y c) hay una intencionalidad de llamar a votar o pedir apoyo a favor de obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.
La finalidad que persigue la norma, según el Tribunal Electoral, es inhibir y sancionar a los actores políticos que realicen expresiones que posicionen de manera anticipada a uno de los contendientes en el proceso electoral, al obtener una ventaja indebida respecto de los demás contendientes, pues con ello se privilegia el principio de equidad en la contienda entre las otras fuerzas políticas que pretenden un cargo de elección popular.
Otro fin de regular las precampañas de servidores públicos es constreñir el desvío de recursos públicos para propaganda electoral.
La prisa de López Obrador para detonar una sucesión adelantada al interior de Morena está forzando a que los aspirantes violen la ley electoral. Este fin de semana Marcelo Ebrard tomó protesta a los comités de apoyo que promoverán el voto a su favor en la encuesta de Morena para designar al candidato para contender por la presidencia en 2024. Aunque más discreto y cuidadoso, su campaña enfrentará quejas en su contra, al igual que el activismo del secretario de Gobernación.
El INE no viola la libertad de expresión como acusó López Obrador ayer en su mañanera. Aunque esta se garantiza en la Constitución, también en ella se establecen las restricciones a dicha libertad para los políticos, gobernantes y servidores públicos, a fin de lograr otros objetivos tan importantes como la equidad en las contiendas electorales.El INE impuso medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum, por la campaña de propaganda que se lleva a cabo en todo el país bajo el hashtag #EsClaudia.