Es sumamente común escuchar el término: en las noticias, en eventos académicos o en las pláticas de sobremesa con la familia. Todas las personas reconocen que se trata de un grave problema y la pregunta obligada para entender la complejidad de su impacto es: ¿cuánto nos cuesta la corrupción? Demasiado, pero el daño no solo es económico, va más allá de desembolsar una cantidad de dinero para agilizar un trámite o evitar una sanción.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), de 2021, reveló que cada persona afectada por este grave problema paga un promedio de $3044 pesos. Esta cantidad es una media para todo el país, pero en ciertas localidades la situación se agrava, como sucede en Jalisco. En esta entidad el costó que asume cada persona víctima es de $3368 pesos; el estudio también muestra que la corrupción se intensificó en los dos últimos años en un 19.6 por ciento; en sí, la corrupción es un mal que afectó a 14 mil 580 personas por cada 100 mil habitantes de Jalisco.
Pero estudiar la corrupción va más allá de centrarnos en su afectación al bolsillo de las personas, existen aristas extrañas, incluso paradójicas en el análisis. Por un lado, en diferentes encuestas y estudios, las y los mexicanos ven en la corrupción un método rápido para salir adelante frente a la burocracia u omitir una multa.
Por otro lado, las personas sí reconocen el grave impacto que tienen los casos de corrupción a mayor escala, la que cometen los funcionarios públicos y empresarios. Este punto es uno de los que más le duelen a la ciudadanía, ya que son testigos de la falta de sanciones graves que inhiban la corrupción, así como la ausencia de la reparación del daño, el que nunca se regrese el dinero de las personas que fue desviado a mal usado.
Aquí entramos a un aspecto ético y moral, el cómo los actos de corrupción por parte de las autoridades y funcionarios públicos la normalizan, generando una idea de que si ellos pueden, cualquier persona podría y debería hacerlo para obtener un beneficio, más si no existe una grave pena al ser descubiertos.
En los últimos días hemos podido revisar la investigación de Hernán Gómez Bruera sobre los negocios ocultos de Juan José Frangie, hoy candidato por Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Zapopan, el tercer municipio más importante de México.
Gómez Bruera señala lo que otras voces han señalado: en el municipio se ha instalado un tipo de empresariato. Según sus declaraciones patrimoniales de 2021 y 2022, Frangie mantenía participación en nueve empresas, pero falló en declarar doce empresas más.
El que Juan José Frangie oculte su información patrimonial es sumamente delicado, no solo desde el punto de vista legal, ya que, como se señala en el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se llega a incurrir en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflictos de interés. Este tema raya también el aspecto ético, de para qué las personas quieren el poder, el ser gobernantes de una ciudad o estado: ¿para servir o servirse?
En este sentido, Frangie no solo falla en su responsabilidad como funcionario, también le falla a la ciudadanía que decidió confiar en él. Pero el escándalo ni los conflictos de interés terminan aquí, ya que dichas empresas han sido beneficiadas con contratos del gobierno zapopano; el conflicto de interés es evidente.
A esta lista hay que sumar lo señalado por Ricardo Ravelo sobre la incorporación de los socios de Frangie a la nómina del municipio, lo que ha ocasionado que el gobierno se maneje más como una empresa familiar que como debería ser, una institución que ve por los intereses de todos sus habitantes.
Todo lo anterior llevó a que, desde Futuro, presentáramos una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de los delitos de defraudación fiscal, operación de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Porque las personas de Zapopan están cansadas de que su dinero sea empleado para beneficiar a unos cuantos, en que ciertas empresas obtengan millonarios contratos o acuerdos ventajosos. La corrupción naranja que impera en Zapopan tiene que terminar, para dar inicio a un gobierno honesto y que sí vea por el interés real de las personas.