En el México de la democracia no se había vivido un enfrentamiento entre dos poderes, el constitucional, a cargo del Presidente de la República, y el fáctico de los empresarios.
A principio de los 70 se enfrentó el Grupo Monterrey con el presidente Luis Echeverría, un choque ideológico entre dos visiones de país, y, en 1976, contra los agroindustriales de Sonora y Sinaloa.
En 1982 fue el presidente José López Portillo quien incendió la pradera al expropiar la banca durante su último Informe de Gobierno, ante el azoro y la indignación de los empresarios. Desde entonces, sucesivos presidentes llevaron la fiesta en paz, hasta Enrique Peña Nieto, que pagó alto el desdén por el sector privado.
El presidente Carlos Salinas renovó las élites empresariales mediante la apertura de la economía y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y su sucesor, Ernesto Zedillo, recicló a la misma clase mediante rescates bancarios y carreteros.
Los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón no alteraron aquella nueva clase empresarial, que pensó que seguiría haciendo las cosas como hasta entonces, en el gobierno de Peña Nieto.
El presidente, por diseño, cambió los términos de la relación con las cúpulas empresariales, cortó el acceso que tenían en Los Pinos y el derecho de picaporte gozado por cuatro sexenios consecutivos.
Los empresarios reaccionaron contra Peña Nieto, agraviados además por la Reforma Fiscal. Como consecuencia del choque, financiaron ONG para medir la falta de eficiencia del gobierno y la corrupción.
Cuando estalló el escándalo de la casa blanca, fueron ellos quienes amplificaron las críticas contra Peña Nieto y detonaron el apoyo de millones a Andrés Manuel López Obrador en la contienda presidencial, contra quienes, paradójicamente, varios se enfrentaron.
Aunque hubo acercamientos posteriores a la elección para limar asperezas, la relación era frágil.
La decisión sobre la cancelación de Texcoco como asiento del nuevo aeropuerto, mostró esa fragilidad al provocar un enfrentamiento como no se veía en décadas. López Obrador fue muy claro. El poder es indivisible; no se comparte. El poder económico es uno, pero en México, el mandato de las urnas lo tiene él; por tanto, quien manda es él y nadie más.
El manotazo sobre la mesa es muy relevante. Si otros presidentes enfrentaron el desafío del poder económico, López Obrador no está dispuesto a entrar en esa disputa porque lo que está en juego es su proyecto de nación.
La confrontación actual, sin embargo, tiene una raíz diferente a la que vivieron sus antecesores. Se asemeja más a la de Echeverría, donde se confrontó con los empresarios en términos ideológicos por múltiples razones–por ejemplo, los Libros de Texto Gratuitos–, pero difiere a la de López Portillo, que reaccionó contra esa clase porque creía que estaba saqueando la tesorería nacional.
La de Peña Nieto fue para tener el poder indivisible, sin ningún cambio de fondo. El planteamiento de López Obrador se inscribe dentro de la emergencia del nuevo nacionalismo en el mundo, como resultado del fracaso de la democracia liberal que emergió tras la caída del Muro de Berlín a principio de los 90.
Como él lo plantea, en efecto, es un cambio de régimen.
El semanario británico The Economist publicó hace un año un ensayo en su sección de análisis financiero llamada Buttonwood, que recuerda un libro editado en 2013, The Last Vote, donde demostraban cómo el respeto por los políticos y los partidos había caído notablemente, agravado por la insatisfacción de la crisis financiera de 2007 que minó la democracia.
El cambio de paradigma se venía dando desde hacía más de una década, cuando la correlación de fuerzas se fue transformando, quitando espacios a los grupos empresariales y a su poder económico, que por años habían financiado a los políticos y habían alineado la agenda legislativa de acuerdo con sus intereses.
En un seminario en Harvard en agosto pasado, el profesor Benjamin Sachs dijo que el sistema actual está construido sobre el desplazamiento de la gente en los grupos de menor ingreso, e ilustró como ejemplo que un empleado promedio de Amazon necesitaría trabajar cinco millones de años para poder alcanzar el valor neto de su presidente, Jeff Bezos, porque las políticas públicas favorecían al magnate.
“Cuando no están de acuerdo el rico y el pobre, la política gubernamental no tiene relación alguna con el grado de oposición entre los pobres”, agregó. “Las preferencias de una vasta mayoría parecen tener cero impacto en las políticas que adapta el gobierno. Peor aún, la concentración económica lleva a una mayor concentración de poder político, lo que conduce a una mayor concentración económica”.
Todo este sistema se encuentra en convulsión. La crisis, se apuntó en Buttonwood, provocó un giro decisivo de la globalización al nacionalismo económico.
“Quizás no nos encaminemos a la pesadilla totalitaria dibujada por George Orwell en 1984, pero podemos estar moviéndonos hacia el modelo romano bajo el cual, en teoría, el sistema permitía la expresión popular, pero en la práctica se daba el control de los ricos. Las masas eran felices con el ‘pan y el circo’, cuyo equivalente moderno son la comida basura y los reality shows”, concluyó.
¿En qué fase se encuentra López Obrador? Como otros exponentes del nacionalismo económico emergente, en el cambio de paradigma, traducido por él como el cambio de régimen. Hay que escucharlo con atención. Sus palabras son claras y firmes.
No veamos a México para entenderlo, sino a otras naciones como Hungría o Turquía, y trabajemos para construir una sociedad que camine hacia estadios más igualitarios sin que el camino se tenga que construir, como en esas naciones, con ladrillos autoritarios.