El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, recorrió el mismo camino de otros de los de su estirpe. Es el mismo de las figuras públicas emproblemadas que saben que el litigio legal y político fuera de tribunales y las instituciones, es menos poderoso y persuasivo para sus intereses que el mediático.
Por eso, como Javier Duarte anunció en el programa Despierta, de Carlos Loret, que iba a pedir licencia como gobernador en unas cuantas horas –inconmensurable insulto a los veracruzanos que lo eligieron–, Padrés declaró en Radio Fórmula a Ciro Gómez Leyva, el jueves pasado, que se iba a entregar a las autoridades. Pero antes, transmitió su mensaje: soy un perseguido político. Dicho esto, se fue rumbo a los reclusorios donde lo apresaron. La semilla de la injusticia estaba sembrada.
Fue el primer golpe en la arena pública para crear condiciones de injusticia en el proceso que se le abrió en junio de 2014, seis meses antes de que Claudia Pavlovich fuera designada candidata del PRI al gobierno de Sonora, a quien hoy señala como la autora de una escalada de calumnias en su contra, sustento implícito de que a partir de la guerra sucia que hubo en aquél proceso electoral en 2015, está el fundamento de la investigación en su contra. Pero la investigación de la PGR y la Secretaría de Hacienda es anterior.
A Padrés le fincaron dos procesos, por su probable responsabilidad en fraude fiscal y lavado de dinero, y por delincuencia organizada. El esquema criminal que tienen la PGR y Hacienda se refiere únicamente, por ahora, al caso de la adquisición de útiles y uniformes escolares por 240 millones de pesos que se dieron mediante licitaciones y adjudicaciones ilícitas o irregulares a empresas vinculadas con el exgobernador.
Las investigaciones relacionan ese probable delito con el empresario Mario Humberto Aguirre, cuñado del exsenador Ramón Corral, quien perdió la gubernatura frente a Eduardo Bours, en 2003.
Dos empresas de Aguirre, Confecciones Industriales SA de CV y No. 1 Apparel SA de CV, son las directamente relacionadas con el presunto fraude en la Secretaría de Educación estatal, radicado en 2010.
También se le liga con el hermano del gobernador, Miguel Padrés, quien realizó las transferencias sospechosas a Estados Unidos por 8.8 millones de dólares que han mencionado genéricamente las autoridades. No son las únicas empresas. La PGR y Hacienda han encontrado un número indeterminado de ellas, cuyos socios son familiares de Padrés –dos hermanos además de Miguel, Jesús y Andrés, y un sobrino, Miguel Padrés Molina– o excolaboradores y empresarios, donde presuntamente se lavaron 178 millones de pesos.
Según los investigadores, se están revisando 16 empresas vinculadas a Padrés, a través de familiares, excolaboradores y empresarios. Dos de ellas son la de los hermanos propietarios del rancho familiar donde se construyó ilegalmente una presa, Pozo Nuevo de Padrés y Héctor J. Padrés SA de CV.
También se encuentran empresas de Francisco Monreal González, propietario de Farmacias M+ –hay una investigación aparte sobre un presunto fraude en la Secretaría de Salud con medicamentos durante la administración del secretario del ramo en el gobierno de Padrés, Bernardo Campillo–, y representante del Grupo Empresarial Sinergias, que desarrolla nuevos negocios y proveen servicios financieros, al que se ha ligado con las transferencias por 8.8 millones de dólares.
La investigación se extiende a Estados Unidos, Europa y América Latina. En el caso particular europeo, los investigadores se han centrado en Holanda, y solicitaron al gobierno europeo información y documentación de las empresas Dolphinius CVS y Tenerife CVS, que son sociedades de responsabilidad limitada, que presuntamente fueron utilizadas por el exgobernador y su hermano para triangular las operaciones financieras ilegales y realizar depósitos en cuando menos un banco en la ciudad de Nueva York.
En su declaración preparatoria, el viernes pasado, Padrés se declaró inocente, pero el mundo se le viene encima. Junto con él detuvieron a su hijo, acusado por los mismos probables delitos, y se han girado órdenes de aprehensión contra 11 personas más, entre familiares y exfuncionarios.
Las autoridades no han dado a conocer quiénes son, pero la investigación está enfocada en las secretarías de Hacienda, durante las administraciones de Alejandro López Caballero y Carlos Villalobos Organista, y de Educación, bajo la titularidad de Oscar Ochoa Patrón.
A nivel estatal, la Secretaría de la Contraloría General de Sonora tiene más de 500 expedientes sobre presunta corrupción en el gobierno de Padrés por un presunto daño patrimonial superior a los 25 mil millones de pesos, por los que ya inhabilitó por 10 años a exsecretarios y directores de área en Hacienda, Educación, Salud e Infraestructura Educativa.
La investigación contra Padrés, su familia, excolaboradores y empresarios parece bastante sólida. El exgobernador, quien comenzó su defensa antes de fugarse de la justicia hace un mes y medio con acusaciones directas de una campaña por parte de Pavlovich, dijo también que presentaría una denuncia por daño moral en contra de la exprocuradora Arely Gómez, aunque la investigación inició cuando el titular en la PGR era Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con las autoridades, el entramado financiero a través de empresas fantasmas en diferentes países es muy similar al que realizó el gobernador de Veracruz prófugo, Javier Duarte, quienes de ser encontrados culpables de los delitos de los que los acusan, habrán mostrado que la corrupción institucional se ha sofisticado en México.