El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva casi un mes hablando de Genaro García Luna con un énfasis particular, y ha preguntado reiteradamente en la mañanera ¿cómo va el caso? El proceso contra el exsecretario de Seguridad Pública se lleva en la Corte del Distrito Sur en Brooklyn, y tiene previsto iniciar el juicio en octubre. López Obrador teme, como lo repitió ayer, que “le quieran dar largas” sin saber con precisión cuál sería la motivación. Se entiende la necesidad del Presidente para que comience el juicio, para poder aprovecharlo como caballo de batalla contra el expresidente Felipe Calderón, aunque sea con falsedades.
Hace mucho tiempo no le informan bien a López Obrador sobre el caso, y el consulado en Nueva York no tiene acceso a los procedimientos porque García Luna nunca pidió su asesoría legal. Es decir, están en la oscuridad. No obstante, si le dieran información de calidad, alguna incluso pública, sabría que:
1) Las demoras obedecen a que los fiscales del Departamento de Justicia han solicitado en varias ocasiones que se pospongan las audiencias de presentación de pruebas, porque no han logrado construir un caso sólido, y siguen buscando pruebas.
2) El procurador del presidente Donald Trump, William Barr, había pedido información al gobierno mexicano para respaldar las acusaciones en Estados Unidos. Lo que les dieron fueron recortes de periódicos y libros, pero nada que pudiera ser judicializado.
No siempre ha estado tan mal informado el Presidente sobre este caso, y quien le decía que era muy endeble era Julio Scherer, el exconsejero jurídico, que la última vez que se lo comentó fue hace ya más de un año y medio. El Presidente, sin embargo, no hizo nada por apurar por resultados al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y al entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que aportaran evidencias a Barr. Peor aún, se contradijeron.
Gertz Manero dijo en 2019 que lo estaba investigando por los presuntos delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Nieto lo denunció el año pasado en Miami por “robarse 250 millones de dólares” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y lavar dinero. O sea, uno lo investiga por delitos relacionados al narcotráfico, y el otro por delitos de cuello blanco. ¿Por qué el Presidente no los puso de acuerdo?
Quién sabe quién le está diciendo cosas al oído sobre el caso, pero debería dejar de escucharlo. Ayer dijo que “últimamente han estado saliendo testimonios de testigos que han declarado en contra e involucran a Calderón”. Lo que hay no son testimonios, sino declaraciones que presentaron los fiscales, para lograr su última prórroga, sobre una grabación que no se entiende, de hace más de dos años, donde la interpretación de los acusadores es que García Luna le dijo a un informante en su celda, que la mafia rusa lo ayudaría a liquidar testigos. Eso choca contra el sentido común.
¿Teléfonos en al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York? Perdón, pero no son los reclusorios mexicanos. ¿Meter un teléfono clandestino para buscar una prueba? Se necesitaría la autorización de un juez. Pero lo más importante, ¿una persona que dedicó más de 40 años de su vida a la inteligencia, cometería tal estupidez? Se ve muy difícil. Hay otra declaración de una periodista mexicana que asegura que García Luna la amenazó de muerte, a través de terceros –en Estados Unidos le llaman hersay–, y la quiso comprar para no publicar investigaciones en su contra. Hasta donde se sabe, no hay nada que no se hubiera investigado o inventado contra García Luna, que no se haya publicado. La periodista, según ha trascendido, quiere ser testigo anónimo en el juicio contra el exfuncionario, lo que sería interesante cuando venga el contrainterrogatorio de la defensa.
López Obrador también aseguró que esos “testimonios de testigos” han involucrado a Calderón, y que parte del dinero que recibió García Luna, “iba a Los Pinos”. Ojalá el Presidente aporte más detalles sobre esta acusación, porque realmente no se conoce de ninguna declaración en ese sentido. Los fiscales en Nueva York acusan a García Luna de haber recibido casi ocho millones de pesos de Jesús el Rey Zambada, por protección. Cuando detuvieron a Zambada en 2008, la dirección de la casa donde lo atrapó la policía de la Ciudad de México, la proporcionó la Policía Federal de García Luna, que dio seguimiento a una información de la DEA. Zambada nunca había hablado del tema hasta el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, en 2018 y 2019.
A López Obrador, por sus dichos, le incomoda que García Luna tenga apoyo de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos. Y es cierto lo que dice. Uno de esos apoyos es José Rodríguez, que fue jefe de Estación de la CIA en México, de donde lo regresaron a Washington cuando el ataque a las Torres Gemelas para que se hiciera cargo de la Unidad Contraterrorista, y cuyo equipo fue finalmente el que ubicó a Osama bin Laden en Pakistán.
Pero en su larga alocución mañanera de ayer, el Presidente fue zigzagueante. Así como habló del apoyo, luego sugirió, con tonos de sospecha, que había una ruptura en la comunidad de inteligencia. No hay ruptura, hasta ahora, en la comunidad de inteligencia, como López Obrador lo dijo. Incluso, nadie le hizo notar que cuando detuvieron a García Luna en Dallas en 2019, el Departamento de Justicia no utilizó a la DEA, ni al FBI, como hubiera procedido, sino a los marshalls, los alguaciles –con quienes el exsecretario nunca tuvo una buena relación–, porque temían que la orden de captura se filtrara.
Ayer hubo un ir y venir del Presidente sobre García Luna, lo que es inusual. La lentitud que ha tenido el proceso lo tiene nervioso. Se podría especular sobre las razones de ello, pero no tiene sentido. Lo cierto es que el proceso se pone cada vez más interesante.