Aún no termina de reincorporarse el general Salvador Cienfuegos a su vida cotidiana en México, y ya brincan las dudas y preguntas: ¿qué negoció México en secreto con Estados Unidos para que se desistiera de las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa? ¿irá a juicio? ¿tendrá impunidad? ¿encubrirá el gobierno lo que en Washington consideraban el caso más importante, que mostraría cómo la corrupción estaba enraizada en México? ¿fue por esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconoció la victoria de Joe Biden? ¿Le hizo Donald Trump un último favor a López Obrador por los servicios prestados?
Todas entran en el terreno de las conjeturas por lo inédito del caso, pero no hubo negociación secreta porque a la jueza Carol Bagley Amon, le pareció tan insólita la moción del Departamento de Justicia, que lo obligó a hacer público los acuerdos con México, aunque fuera del escrutinio público quedaron los argumentos mexicanos, más allá de la violación a la soberanía, que ahora sí reclamaron. Los detalles difundidos, sin embargo, son importantes al esbozar por un lado la amenaza mexicana de que se modificaría la cooperación en materia de seguridad si seguía el juicio, y por el otro, la posibilidad de que vuelvan a acusar al general Cienfuegos en Estados Unidos. Ello dependerá a que, como se comprometió México, lo investiguen y lo procesen.
La negociación comenzó antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, según fuentes diplomáticas mexicanas, y se fue construyendo hasta concluir, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 11 de noviembre, cuando el Departamento de Justicia envió el expediente del general, que contiene 743 páginas –no se sabe si enviarán los anexos con la evidencia que dicen tener de “miles de mensajes” y llamadas telefónicas de narcotraficantes que inculpan a Cienfuegos– a la Fiscalía General que, como consecuencia, abrió una carpeta de investigación al exsecretario.
El acuerdo entre los dos gobiernos molestó en Estados Unidos, como se desprende de las informaciones en los medios de comunicación de ese país. Mike Vigil, que fue jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, le dijo a Los Angeles Times que nunca había visto en su vida una acción de esta naturaleza. “Se tiene a uno de los principales protectores del narcotráfico, la corrupción y la violencia en México, y lo van a patear al otro lado de la frontera, donde las posibilidades de que sea juzgado van de pocas a ninguna”, comentó. “Donald Trump recompensó a López Obrador por hacer las cosas que quería que hiciera”. The Wall Street Journal reflejó el desconcierto de agentes federales en Estados Unidos, que durante años trabajaron en la investigación que, decían, pintaba un retrato de la corrupción profundamente arraigada en las Fuerzas Armadas mexicanas.
Este es el punto delicado de lo que comenzó con la detención del general Cienfuegos en Los Angeles, el 14 de octubre, y que no va a terminar: la certidumbre, por decenas de kilos de documentación y evidencias, que el Ejército mexicano ha protegido por años a los cárteles de la droga.
La desconfianza con los militares es tan grande, que desde hace más de 10 años prefirieron trabajar con la Marina, a la que consideraban no estaba penetrada por el narcotráfico y que sus operaciones secretas podrían realizarlas sin filtraciones. Las principales acciones conjuntas contra el narcotráfico en México en todo este tiempo, donde han participado la DEA, la CIA o el Departamento de Alguaciles, han estado coordinadas con la Marina, como sucedió con la doble captura de Joaquín El Chapo Guzmán, o el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, el temido capo que encabezaba el cártel con el apellido de su familia.
Esa desconfianza fue la que llevó al Departamento de Justicia a no informar al gobierno mexicano de la investigación contra el general Cienfuegos, hasta después de haber sido consumada, por el temor de que lo protegieran y nunca lo extraditaran. Como se aprecia a través de la prensa estadounidense, los agentes que combaten al narcotráfico en Estados Unidos dudan que el exsecretario sea sometido a juicio y que sea declarado culpable, como sí sucedió con un Gran Jurado en Brooklyn, en agosto del año pasado.
El recurso legal que tiene el Departamento de Justicia para acusarlo nuevamente, difícilmente será utilizado con ese fin, pero con sus evidencias pueden ir construyendo otros casos contra militares y funcionarios mexicanos que tengan vínculos con el narcotráfico. En paralelo, como práctica recurrente en ese país durante décadas, existe la posibilidad de que detalles de la investigación vayan siendo filtradas a la prensa estadounidense, arrinconando al gobierno de México mientras van creando climas de opinión favorables para nuevas acciones punitivas. Sin saberse si utilizarían esos recursos o no, la amenaza de aplicarlos estará viva.
El reto que tiene el gobierno de México es que no se haga una investigación de pacotilla que sea calificada de encubrimiento, y que se puedan desahogar todas las pruebas. Para darle mayor credibilidad, tiene que participar la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, como ha sido en todas las investigaciones criminales que ha desarrollado el gobierno lópezobradorista. Hasta este momento, el gobierno mexicano no quiere investigar por su cuenta al general, y sólo inició la investigación como parte del compromiso adquirido con el Departamento de Justicia.
En Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, le extendieron un cheque en blanco al gobierno, pero tiene fecha de caducidad. Está obligado a hacer una investigación a fondo, como lo ofreció, y estar decidido a llegar, como dice López Obrador, hasta sus máximas consecuencias, aún si esto significara encarcelar a un exsecretario de la Defensa. No hay alternativas para el Presidente ni para las Fuerzas Armadas. Si no procesan en el marco de la ley el caso del general Cienfuegos, desde el norte, una vez más, vendrá el chaparrón.