El negocio del robo de combustible es un gran negocio. Todos los cárteles de la droga han expandido sus actividades criminales hacia la ordeña de los ductos de Pemex, porque es lo que más dinero les está dejando. Una célula de Los Zetas, que es la organización que comenzó la ordeña de manera organizada como un negocio colateral al narcotráfico y contrabando humano, obtiene un promedio de siete millones de pesos semanales. Diariamente, en la hoy famosa zona del Triángulo Rojo, en Puebla, las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto es de dos millones de pesos diarios. Tan grande es el valor de esa actividad, que Pemex reconoce que el año pasado perdió 30 mil millones de pesos por el combustible que extrajeron de sus ductos. La merma financiera para Pemex es monumental, pero el problema, que es viejo, no había sido atacado de manera abierta y enérgica como hasta este mes. La muerte de cuatro soldados derrumbó la negligencia gubernamental, que era asombrosa.
Tuvieron que suceder dos ataques directos a soldados en el Triángulo Rojo, la zona de mayor incidencia de robo de combustibles, a principio de mayo –cuatro militares murieron en uno de los enfrentamientos con los criminales– para que el gobierno cambiara su actitud y tomara con seriedad el combate a esos grupos criminales. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto, para que se enfrentara en forma transversal el fenómeno criminal, se dio únicamente al final de todo un año de conflicto en esa zona huachicol, cuya reacción, no prevención, es la narrativa de cómo este crimen les estalló en las manos.
El presidente Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde hace unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trauwitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir el robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones, recuerdan que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.
Pese a esas señales de alarma, no se hizo nada. José Antonio González Anaya relevó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex a principio de 2016, y entre las cosas que cambió drásticamente, fueron las acciones en marcha para enfrentar la ordeña de ductos. Canceló el proyecto de desarrollo de trazadores que estaba realizando una empresa privada mexicana, por falta de presupuesto, y también paró una negociación con una empresa colombiana, que vendía un sistema que utilizaba una especie de pelotas que corrían por los ductos y que en el momento que se registrara una perforación, tapaban el orificio.
Sólo así reaccionó el gobierno. El Presidente ordenó el envío de dos mil 500 soldados a la región, para reforzar a los 500 policías estatales enviados para combate y control en la zona huachicolera. En Pemex restablecieron las negociaciones –aunque los costos se elevaron 100% en todo el tiempo de abandono–, y el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, a manera de reclamo, afirmó: hubieron omisiones y fallas de autoridades para proteger el combustible mexicano. Tiene razón. Este problema ya cumplió 14 años de edad, pudrió a las comunidades y corrompió a las autoridades. Otro capítulo más de la microhistoria mexicana.