El poder legal en Guerrero lo tiene la gobernadora Evelyn Salgado, pero el poder real lo detenta Salvador Alanís Trujillo, coordinador de la policía ciudadana en el municipio Heliodoro Castillo, y asociado con Onésimo el Necho Marquina, jefe de la organización criminal Los Tlacos, que creció durante el gobierno de Héctor Astudillo y se ha expandido desde la sierra, la región donde surgió en la Tierra Caliente, hasta el resto del estado, en la administración de Salgado.
El Necho Marquina es el líder de Los Tlacos, quien se encuentra escondido, probablemente en Guerrero, porque hay varias órdenes de aprehensión en su contra. El cofundador de la banda, que nació en 2017 como brazo armado de las autodefensas, Humberto Moreno Catalán, primo-hermano de Mario Moreno Arcos, que fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Astudillo, ha pasado a un segundo nivel, desplazado por Alanís Trujillo, quien ante las limitaciones logísticas y operacionales de Marquina, es quien controla y opera la organización.
Alanís Trujillo fue apadrinado en sus orígenes por el activista social Bertoldo Martínez Cruz, vinculado al ERPI, una organización armada que se escindió del EPR, que encabezaba el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, parte del movimiento de masas en el estado, y con quien fundó el Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo de Guerrero, otro grupo de autodefensa en Tierra Colorada, en 2013. Martínez Cruz murió en 2016.
Los Tlacos, que crecieron en el municipio Heliodoro Castillo, uno de los principales centros de producción de la goma de opio en México –la Tierra Caliente de Guerrero es de donde sale alrededor de 60 por ciento de la amapola hacia el mercado estadounidense–, han ido ganando control territorial en el estado al presuntamente contar con la protección institucional dentro del gobierno de Salgado, donde han podido ir ampliando sus operaciones criminales mientras que los esfuerzos contra sus principales adversarios hoy en día, Los Ardillos, para acabarlos, se han intensificado.
La expansión criminal de Los Tlacos quedó expuesta tras el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo, el sábado pasado en la Autopista del Sol, cerca del puente sobre el río Mezcala, que es una zona controlada por esa banda, que se encuentra en una guerra abierta contra Los Ardillos y La Familia Michoacana, en cuyo contexto se dio el homicidio del empresario, que había estado inyectando recursos a las corcholatas de Morena.
En una reciente entrevista con La Jornada, el exobispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, dijo que la violencia se descontroló en la capital del estado desde hace unos tres años, cuando Florencio Salazar era el secretario de Gobierno en la administración de Astudillo. “Los dejaron entrar”, agregó el obispo, refiriéndose a Los Tlacos, “y al comenzar la administración morenista de Evelyn Salgado y de la alcaldesa (de Chilpancingo) Norma Otilia Hernández, continuaron esos señores (Los Tlacos)”. Alanis Trujillo lo ha acusado de estar vinculado con Los Ardillos.
Las denuncias públicas no han servido para nada. Informes de seguridad a los que se ha tenido acceso mencionan que Los Tlacos, al que también se conoce como el Cártel de la Sierra, ha ido ganando sus batallas con otras organizaciones criminales. La última donde vencieron fue contra el llamado Cártel del Sur, que encabezaba Isaac Célis Navarrete, a quien le quitaron el control de los cultivos de la goma de opio de la región de Tierra Caliente y el dominio que tenía en una parte de Chilpancingo.
Eliminado Célis Navarrete, Alanís Trujillo está tratando de controlar completamente –mediante la eliminación de Los Ardillos– la carretera libre entre Chilpancingo y Acapulco, que son 109 kilómetros, considerados estratégicos para el traslado de drogas hacia la Costa Chica, como se conoce a los municipios en el sur que colindan con Oaxaca, junto con los caminos rurales que conducen a Acapulco, que es donde comienza esa región.
El papel de Los Tlacos, pero en particular de Alanís Trujillo, va más allá de lo meramente criminal. Un correo de la Secretaría de la Defensa hackeado por el grupo Guacamaya, que dio a conocer la prensa en octubre del año pasado, revela una conexión con la Unidad de las Fuerzas Especiales y de la Unidad de Antiterrorismo del gobierno ruso de Vladímir Putin, al haber instruido uno de sus exagentes, Bogdanov Rustam, a miembros de la policía comunitaria que también encabeza el actual líder de la banda criminal.
El correo lo vincula con la empresa European Bodyguard and Security Association, de la cual en realidad es su propietario y tiene su sede en Italia. La compañía da entrenamiento táctico y manejo de armas en México –algo que tiene que ser autorizado por la Secretaría de la Defensa–, y que según el documento, estaban investigándolo por su presunta relación con grupos criminales en este país. La información también señala al cónsul honorario ruso en Acapulco, Antonio Rullán Dichter, pero no lo vinculan con Alanís Trujillo, sino con otra banda criminal en Guerrero que es rival de Los Tlacos, llamada Los Rusos, vinculada al Cártel de Sinaloa.
Alanís Trujillo no es una figura de relevancia fuera de Guerrero, pero como describen los informes de seguridad, es un vector estratégico en la violencia y narcotráfico en el estado, que hace inexplicable que aún mantenga redes de protección institucional dentro del gobierno de Salgado, y probablemente en otras áreas del gobierno federal, al no entenderse cómo pudo contratar a un exagente ruso para instruir a sus policías comunitarios sin haber levantado las alertas en Lomas de Sotelo para impedirlo y, peor aún, que una vez revelada la relación, la impunidad con la que se maneja siga fortaleciéndolo.
Hay una enorme cloaca en Guerrero que no se está atendiendo, y un gobierno, el de Salgado, rebasado o en algunas de sus áreas coludido, que ha permitido al crimen organizado en el estado avanzar, ir teniendo más control sobre territorios, ciudades y municipios, y ampliar sus vínculos con los cárteles de las drogas mexicanos multinacionales, sin que nadie se les ponga enfrente.
NOTA: La reforma electoral que incluyó un artículo para protección de candidatos presidenciales se aprobó en 1993, cuando Patrocinio González Garrido era secretario de Gobernación, no en 1994, como se reportó ayer en este espacio, cuando hubo otra reforma tras el alzamiento del EZLN.