El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha trenzado en un intercambio de dardos con el expresidente Felipe Calderón. El fondo de la discusión no es meramente de dimes y diretes, sino de fondo. El secretario asegura que Calderón está siendo investigado por la Corte Internacional Penal de La Haya por delitos de lesa humanidad, relacionados con el operativo Rápido y Furioso. El expresidente le ha respondido tajantemente que es falso. López bis miente y Calderón está en lo correcto. Pero al mismo tiempo, sí hay un proceso abierto contra el expresidente, empantanado, que se puede desatollar mediante una simple petición ante la Corte del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que lo haga.
Es cierto, como documentó Calderón en una de sus respuestas a López bis, que no existe ninguna investigación internacional contra él, incluida en La Haya. “Infórmese antes de hablar”, agregó en su cuenta de Twitter. “Para mentir se requiere talento”. Acompañando sus duras palabras, el expresidente anexó en su mensaje la liga de la Corte Criminal Internacional que enumera las 17 investigaciones en curso, en donde la única nación latinoamericana señalada es Venezuela. Lo que hay, sin embargo, es una denuncia activa.
La denuncia fue presentada el 2 de mayo de 2019 por Arturo Peimbert, actual fiscal de Oaxaca, y en ese entonces defensor de los derechos humanos de Oaxaca, a quien acompañaron tres activistas: Emérito Marino Cruz, Germán Mendoza Nube y Flavio Sosa, a quienes identificó como víctimas de la represión en 2006 y 2007, que junto con otras acciones de las autoridades, se constituían en crímenes de lesa humanidad. La denuncia fue recibida por Fatou Bom Bensouda, que fue la fiscal general de la Corte Penal Internacional hasta junio del año pasado.
Esos crímenes presentados por Peimbert comenzaron el 14 de junio de 2006, tras el operativo del gobierno estatal de desalojar el Zócalo en Oaxaca, donde el movimiento magisterial, que inició la protesta contra el gobierno de Ulises Ruiz, fue sumando aliados que conformaron un movimiento social que buscó su destitución. Su estrategia, de acuerdo con el informe de la comisión de la verdad, formada para investigar lo sucedido, fue la toma de instituciones, bloqueo de carreteras, paros sindicales y manifestaciones, respondidas por las autoridades con violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, tortura sistemática, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Peimbert denunció a los expresidentes Calderón y Vicente Fox, al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por presuntas ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, “que demuestran los patrones de sistematicidad y la política por parte del Estado mexicano para generar terror entre la población civil”. Peimbert entregó la documentación de 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura y desaparición forzada de por lo menos dos personas.
Durante 2006 y 2007, señaló Peimbert, “se observa un patrón persistente de ilegalidad, que conllevaron a que hasta ahora persista la impunidad, dado que no ha habido responsabilidad penal contra los autores de graves crímenes ya que, pese a que se cuenta con elementos suficientes para inculpar, detener, procesar, a diferentes personas como responsables, el Estado sólo ha consignado averiguaciones”.
El cabildeo de los gobiernos de Calderón y del presidente Enrique Peña Nieto frenó que se abriera la investigación, lo que no significa que no esté vigente. Lo que había señalado el secretario de Gobernación se refería a la operación Rápido y Furioso, que fue una iniciativa de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, en su delegación en Arizona, hace 12 años, para permitir que intermediarios del narcotráfico en México adquirieran armas en Estados Unidos, a fin de darles seguimiento y capturar a los líderes de las organizaciones mexicanas compradoras. La operación colapsó cuando una de las armas fue utilizada en el asesinato de un agente fronterizo en Arizona.
El Congreso estadounidense abrió una investigación que estuvo a punto de llevar a la cárcel al entonces procurador Eric Holder, por desacato. El caso se extendió en el Capitolio hasta 2019, cuando los demócratas, que controlaban la Cámara de Representantes, sobreseyeron la investigación. Durante las audiencias, los protagonistas de la operación declararon que aunque se informó a la Procuraduría General de la República que la estaban llevando a cabo, nunca les informaron que las armas “caminarían”. Oficialmente, el gobierno mexicano no fue enterado de Rápido y Furioso, ni en las audiencias surgió alguna complicidad en el operativo.
El presidente López Obrador, que tiene una obsesión con Calderón, pidió a la Fiscalía General que abriera una investigación en su contra por Rápido y Furioso y solicitara información a Estados Unidos para apoyarla. En Washington recibieron la petición con sorpresa y, tiempo después, respondieron que no tenían nada. En México, la fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Calderón por esa operación, pero hasta ahora no se ha cumplimentado.
El secretario de Gobernación disparó equivocado en las imputaciones a Calderón, pero la denuncia de Peimbert, a diferencia de otras presentadas en la Corte Penal Internacional que fueron desechadas de facto por no haber cumplido con toda la documentación y el agotamiento del caso en tribunales mexicanos, sigue vigente y en espera de allegarse más información. Jurídicamente se encuentra en un impasse.
De acuerdo con la Corte, la oficina del fiscal conduce las investigaciones para allegarse y examinar evidencia o interrogar a personas bajo investigación o presuntas víctimas y testigos de los crímenes que violen el Estatuto de Roma, por petición de los Estados signatarios, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o por iniciativa propia con autorización judicial. Es decir, López Obrador sólo tiene que pedir a la Fiscalía General que exprese a la Corte su interés para que se investigue la denuncia, para romper el estancamiento y la indagación vuele.
Es una decisión importante que tendría que tomar el Presidente y asumir las consecuencias. Pero al mismo tiempo, despolitizaría la justicia y, si fuera el caso, se haría justicia.