Con gran reconocimiento a Juan Villoro.
Si política es fuerza, inteligencia y organización, en México ésta pierde fuerza y carece de lo segundo y lo tercero. Como quien dice, la política está en desuso y mejor ni hablar de la sensatez y el equilibrio.
Justo cuando el recurso de la polarización comienza a rendirle frutos decrecientes al jefe del Ejecutivo en ese ánimo pendenciero de alcanzar los objetivos a como dé lugar, la oposición partidista y la resistencia civil se meten al callejón, adonde al mandatario le encanta resolver las diferencias.
Nomás les falta decir al uno y los otros: ahí nos vemos. Y, ahí, en el fondo del callejón, ver quién se avienta primero.
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Los antónimos se han convertido en los términos del desentendimiento y, así, el fracaso de la consolidación de la democracia otra vez se enseñorea como el destino nacional.
Si el uno dice “todo”, los otros responden “nada”. Si aquel reclama una práctica popular, aquellos reivindican el ejercicio cupular. Si uno asegura ya no pertenecerse porque es la encarnación viva del pueblo sabio y bueno, los otros se declaran los auténticos y verdaderos representantes de la ciudadanía especializada con posgrado en el diseño de la nación. Si aquel propusiera pintar de blanco el país, aquellos dirían de negro, dejándolo ambos en gris, como está. Y, en el absurdo juego, sin querer se complementan, compartiendo hasta la miopía con que miran, entienden e interpretan la realidad y conciben la democracia.
La divisa del gradualismo a paso lento o la del radicalismo a paso redoblado que, al final, son garantía de parálisis o tropiezo, animan las posturas y las actitudes para impulsar o frenar la revisión de la estructura, función, costo e integración del régimen político-electoral.
Un sistema que se guisó hace nueve años como un mazacote en el horno de quienes hoy rechazan tocarlo, y ahora se quiere cocinar como un muégano en el comal de quienes piensan que Tenochtitlán se fundó apenas el primero de diciembre de 2018. Un sistema que reclama un ajuste serio, pero no un cambio drástico. El régimen político-electoral actual no es el veneno de la democracia, como tampoco la panacea de ella ni el retablo para odiar al adversario. Si así se entiende el régimen por un bando y el otro, lo conveniente sería pasar a un sistema bipartidista, donde compitieran los temerarios y los timoratos, excluyendo –a qué manía de echar gente– a quienes no se definan.
Un concepto propio de los chistes de cantina, donde se pide a los hijos de la tal por cual agruparse de un lado y a los hijos de la tal otra en el extremo contrario y a quienes no estén de acuerdo con su clasificación pasar a formar filas del otro lado. Por favor. ¡Hartan con sus posturas!
En esa situación, quizá, convendría llamar a una consulta popular sobre el dislate de ponerse a cavar trincheras habiendo tanta fosa clandestina o, quizá, el INE tan dado a saber qué tan bien se le percibe y cómo se ve el proyecto de reforma, podría solicitar una encuesta al respecto.
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Más allá del modo, tono y momento en que el Ejecutivo insta a revisar el régimen político-electoral y de su profundo desconocimiento de la iniciativa que promueve y más allá de la socarronería con que los partidos opositores se parapetan en organismos de la sociedad para, en nombre de la democracia, salvaguardar intereses, posiciones y financiamiento, si se reactivara la política sin duda se encontrarían fórmulas de arreglo en forma, tiempo y fondo para afinar ese sistema. Sin embargo, la política está en desuso.
En esa tesitura, sin política y recargando de doble intencionalidad a toda acción y reacción sobre el asunto, sólo la fuerza, la extorsión o la intransigencia determinarán la suerte de esa reforma que reclama el régimen. ¿Van tirios y troyanos a medir fuerzas en el callejón?
Hacer a un lado la fanfarronería presidencial de proponer la elección de consejeros y magistrados electorales a través del voto popular a partir de una lista de tapados preseleccionados por los Poderes de la Unión y hacer a un lado la vacilada opositora de considerar el actual régimen político-electoral como un irremplazable dechado de virtudes, digno de preservar tal como está, permitiría revisar ese modelo. Se podrían entonces subsanar los errores cometidos, sobre todo, en la reforma electoral de 2013, bendecida por quienes desaparecieron el Instituto Federal Electoral y hoy maldicen la supuesta intención de desaparecer al Instituto Nacional. Se podría salir de la exageración y la estridencia que ensordece al diálogo.
¿Que se quiere un órgano electoral nacional y centralista o uno federal y descentralizado? En la respuesta se cifra qué hacer entonces con los organismos públicos locales electorales, y evitar la duplicidad de funciones. ¿Más allá de cuotas y de cuates, cuántos consejeros requiere el instituto? ¿Cuál es el financiamiento público justo y necesario de los partidos, sin que las direcciones hagan de éstos un botín y se aparten de la ciudadanía? ¿Cuántos senadores y diputados requiere el Congreso, sin hacer de curules y escaños mullido sillón para el contento de inútiles cuadros partidistas?
¿Son esos asuntos, temas prohibidos de tratar para llevar en paz la fiesta mediocre de la democracia?
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Si se repusiera la política se podría llevar a cabo la revisión del régimen y, de concretarse algún ajuste, no necesariamente tendría por qué entrar en vigor en las elecciones de 2024.
Desde luego, en estos días pedir a los políticos hacer política es una quimera. Ojalá, entonces, tenga la delicadeza de ponerse los guantes antes aventarse un tiro al fondo del callejón de la democracia, donde la fuerza dejará constancia de su debilidad.
En desuso la política, la fuerza definirá la suerte de la reforma que el régimen reclama. El uno y los otros se van a meter al callejón de la democracia