La Suprema Corte de Justicia de la Nación es víctima de diatribas del titular del Ejecutivo. El fondo y la forma de las mismas constituyen una campaña. El Presidente de la República tiene varios objetivos al emprenderla. El proyecto político de AMLO no reconoce los acotamientos del marco institucional establecido, con sus defectos y virtudes, antes de su llegada al poder en 2018. Ni el electoral, ni el regulatorio de sectores económicos, ni el de rendición de cuentas o transparencia, ni el judicial.
Y si antes no dedicó tanto esfuerzo para minar la reputación de ministros, magistrados y jueces se debe a tres factores: tuvo durante años una presidencia de la Corte a modo, creyó que en 2023 tendría otra, y frustrada ésta calculó que libraría los plazos en los juicios en contra de sus obras.
Al caerse en enero la posibilidad de retener bajo su control la presidencia de la Corte, por lo que algunos fallos le comenzaron a ser adversos o inoportunos, el tabasqueño emprendió esta campaña –que no ha estado exenta de presiones individuales a los miembros del Poder Judicial–.
El remate de la estrategia lopezobradorista será poner a los jueces en la boleta de 2024. Palacio Nacional ha pedido a la sociedad que en las elecciones a ocurrir exactamente en un año y una semana le otorguen mayorías constitucionales para modificar la forma en que se integra el Poder Judicial.
López Obrador sabe que el sistema de justicia mexicano es disfuncional, que margina a los pobres, que arrastra grandes pendientes en el combate a la corrupción y, oh paradoja, a la impunidad.
Sabe igualmente que muchas de esas fallas son más acuciantes en los poderes judiciales estatales.
AMLO no dedica el menor esfuerzo en hacer las debidas distinciones porque no pretende sanear la justicia: lo que lo mueve en su campaña es un deseo de quitarse obstáculos, de captura de poder, así que por él qué mejor que la gente la agarre parejo en contra de jueces, locales o federales.
Frente a la andanada hay voces que llaman a que la Corte despliegue una estrategia, a que la sociedad civil alimente el debate con contraargumentos jurídicos, e incluso hay quien dice que debe levantarse la voz sobre el riesgo de afectar la economía al pisotear el Estado de derecho, o marchar, etcétera.
La pertinencia de esas preocupaciones e incluso el interés por defender el aparato judicial debería cuidarse de prestarse a las maniobras de Palacio. Tarea nada sencilla.
Es cero provechoso iniciar una serie de reflexiones en voz alta sobre las virtudes y los defectos de la idea de AMLO de elegir a los ministros o de cambiar la justicia en México.
Ello constituye un error porque al Presidente no lo mueve una legítima vocación de mejora. Su motivación es avasallar. Su objetivo es someter. Punto y sin más: crear el poder judicial de su movimiento.
Denunciar eso, que AMLO pretende desaparecer los contrapesos, argumentar que contra lo que ha prometido lo único que busca es estar por encima de la ley, ser hasta el juez de los jueces.
Varias generaciones de mexicanos saben que lo mejor para el país es repartir el poder. Ese debería ser el estribillo único. Y ya cuando haya un jefe de Estado que sí se asuma como líder de una nación plural, sólo entonces que se emprenda la reforma judicial necesaria.
Caer en la retórica presidencial, en sus provocaciones y en sus pleitos rancheros, sólo abona a alimentar el ruido, la confusión y los resentimientos que favorecen a la propaganda de ya saben quién.