Morena ha escalado la operación para arrinconar a Alejandro Moreno, Alito, presidente nacional del Revolucionario Institucional.
A las pocas horas de que ayer Andrés Manuel López Obrador dijera en la mañanera que no le agradó la exhibición mediática del cateo de una propiedad del líder priista, en la Cámara de Diputados; sin embargo, una legisladora de Morena que ha participado en eventos del mandatario dio a conocer una carta en la que solicita que Alito sea removido de la presidencia de la Comisión de Gobernación de San Lázaro.
Esta solicitud lleva el embate en contra del campechano a un nivel más crítico: si desde Campeche era mediático e incluso judicial, ahora pretenden aislarlo en lo federal.
La solicitud de la legisladora Andrea Chávez, para que la Junta de Coordinación Política de San Lázaro suspenda a Alito, a quien acusa de conflicto de interés, tiene una viabilidad limitada.
El nombramiento de una presidencia de comisión, y por tanto una eventual remoción en la misma, corresponde sólo al coordinador del grupo parlamentario que se haya acordado que tendría esa posición. Y si en una comisión llegaran a marginar al presidente, cualquier resolución de ésta sólo sería válida si luego se aprueba por dos terceras partes del pleno, que es exactamente lo que Morena no puede lograr luego de la repartición legislativa tras las elecciones de 2021.
Pero esas limitantes de procedimiento no le restan simbolismo a esta nueva embestida en contra del líder nacional del PRI, ni dramatismo a la crítica coyuntura que enfrentan el campechano y el PRI mismo.
Moreno sabe que si no transita esta solicitud de Andrea Chávez, el partido mayoritario podría –llegado el momento– iniciarle un proceso de desafuero, y para éste sólo requiere la mitad más uno de los legisladores de San Lázaro. Así que estamos ante un globo sonda.
Alito se encuentra fuera del país, en una gira internacional anunciada para denunciar que es víctima de una persecución por parte del régimen. Antes de irse parecía haber recuperado algunos apoyos entre los exdirigentes de su partido.
Se habla de que liderazgos como el de Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y hasta Dulce María Sauri ya cerraron filas con el campechano, luego de que hace 15 días habían participado en un cónclave donde se pidió su salida de la dirigencia nacional. Es pública, en cambio, la férrea disidencia del senador Miguel Ángel Osorio Chong, de algunos exrepresentantes priistas del peñismo y de exgobernadores.
La pugna oficial en contra de Alito exhibe además que los acuerdos que se lograron al inicio de la legislatura están rotos.
La negativa por parte de los partidos de la alianza a aprobar la reforma eléctrica en abril y la moratoria anunciada por PRI, PAN y PRD en contra de cualquier reforma constitucional de AMLO han desatado una respuesta desde Palacio Nacional que quizás el campechano imaginó que podría caerle, pero no tan pronto.
Aunque el presidente López Obrador actúa como policía bueno al expresar su disgusto con la mediatización de un cateo judicial contra Alito, lo cierto es que en el campechano enfrenta una operación de Estado para anularlo políticamente, sea culpable o no de lo que le acusan judicialmente en su estado natal.
Asistimos al reverso de la moneda de la adelantada sucesión presidencial en Morena. Andrés Manuel ha decidido que sus corcholatas hagan campaña, y también ya decidió despejarles el camino despellejando a Alito.
¿Qué hará el líder del PRI para zafarse de la trampa que le están tendiendo los morenistas? ¿Pactará con AMLO o aguantará en la alianza? Ése es su dilema.