Íbamos a tener un fiscal carnal y terminamos con un fiscal que, más que amigo de la justicia, parece atender prioritariamente sus particulares intereses.
La procuración de la justicia en la República ha dado un giro muy original, por no decir lamentable, en sólo cinco años.
El intento de Enrique Peña Nieto por instalar en la fiscalía a su amigo y abogado Raúl Cervantes fue conjurado porque, tras la tragedia de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca, el presidente no pudo imponer su voluntad. Claro, el mexiquense enfrentó la resistencia de colectivos como #Fiscalíaquesirva, que mantuvieron a raya al Ejecutivo en su intentona, pero a fuerza de ser sinceros fue la debilidad de EPN lo que le derrotó.
Sin premio alguno, el abogado Cervantes, que ya había salido del Senado, dejó la PGR y ésta quedó acéfala durante el último año del sexenio en el que se agolpaban matanzas, corrupción y violaciones de derechos humanos. Con ese preámbulo llegamos a diciembre de 2018.
Alguna vez Andrés Manuel López Obrador, tan dado a escribir libros, tendría que sincerarse sobre lo que le hizo cambiar de opinión, y en lugar de poner en la Fiscalía General de la República a Bernardo Bátiz, su procurador en el GDF de talante sosegado, decidirse por el polémico Alejandro Gertz Manero. Ése sería un buen pasaje de tan hipotético próximo libro del tabasqueño.
Pero las páginas de lectura obligada en tal volumen serían aquéllas en las que el hoy Presidente explique las razones que ha tenido para mantener en su puesto a alguien que se ha vuelto prototipo de poca eficiencia, desaseo, parcialidad y hasta abusos.
Si quitamos los casos Ancira y Lozoya (este último además todo un culebrón de privilegios para el imputado y de declaraciones a modo para Palacio Nacional), la Fiscalía General de la República es hoy más conocida por juicios donde intereses del pasado –Universidad de las Américas Puebla– y del presente –Conacyt, caso de la familia Cuevas, Santiago Nieto– del fiscal saltan a la vista.
Dicho de otra manera. A la mitad del sexenio de AMLO la FGR no sólo decepciona tanto o más que la PGR, sino que, al igual que ocurriera con ésta, incluso se ha convertido en un factor de polémica y suspicacia.
En la procuración de justicia no ha habido transformación ni cambio. Casos emblemáticos de corrupción peñista como el de la Estafa Maestra no son los que se llevan las primeras planas en esta administración; y en el colmo, ahora en los espacios estelares de la prensa se habla del patrimonio y operaciones del fiscal. Y lo mismo pasa con documentadas columnas como las de Guillermo Sheridan, donde se han exhibido trampas de quien, por su alta responsabilidad, debería ser ejemplo de virtud y mesura.
A Santiago Nieto se le despidió de la Unidad de Inteligencia Financiera por invitados incómodos a una ceremonia privada. En Palacio Nacional, en cambio, la agenda personal con implicaciones judiciales de Gertz Manero no parece incomodar al ocupante del mismo, que presumía que haría un gabinete no sólo ejemplo de eficiencia, sino de moderación.
López Obrador ganó la Presidencia de la República por el hartazgo tras un sexenio de frivolidad y desvíos. A cambio prometió reencauzar la justicia y dotar de dignidad los cargos públicos.
Tres años después, desconocemos si el actual titular de la FGR se convertirá en el fiscal carnal de AMLO, pero sobre lo que sí hay demasiados indicios es que Alejandro Gertz Manero va que vuela a convertirse en el polémico fiscal de sus propias causas.