Edmundo Jacobo Molina, quien se ha desempeñado como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), deberá dejar su cargo tras la publicación del Plan B de la reforma electoral de este jueves. Sin embargo, el funcionario ha anunciado su intención de solicitar un amparo ante tribunales federales.
"EN estos momentos tengo mis recursos listos, en el primer momento en que se abran los tribunales federales acudiré a la justicia federal para solicitar un amparo y también voy a acudir en la figura de un juicio ciudadano al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque considero que es no solamente arbitraria la forma en la que se me separa del cargo, sino ilegal, porque no cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales de la materia”, apuntó Edmundo Jacobo en entrevista con Grupo Fórmula.
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo transitorio décimo séptimo indica lo siguiente: “Dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”.
La intención es reclamar su restitución como secretario ejecutivo, puesto que tendría que cubrir hasta 2026.
Explicó que las leyes deben ser generales y abstractas, pero en el caso del 'Plan B', como está planteado, se rompe esta regla pues se solicita su destitución como secretario ejecutivo.
“Rompe todas las reglas, este transitorio está dedicado a mí, rompiendo la regla de que sea general”, acusó.
En tanto, el INE inició un juicio político electoral para mantener en el cargo a Edmundo Jacobo Molina, como secretario Ejecutivo y, ante la publicación completa del Plan B de reforma electoral, informó en comunicado de prensa.
“El INE ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral”.
El organismo electoral, recordó que el artículo 41 constitucional establece que este cargo se da por voto de las dos terceras partes del Consejo General, a propuesta del consejero presidente, y Jacobo Molina fue nombrado en el 2020 por seis años.
“Además, la Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General. Por ello, tanto Edmundo Jacobo como el INE, pueden impugnar esta medida, sin dejar de acatarla”.
El juicio se presentó ante la Sala Superior.
Pese a su inconformidad, Jacobo Molina dejará el cargo pues se “acata la ley” aunque sea contraria a la Constitución.
Con información de Diana Benítez