Tras las investigaciones por el incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 personas, se dará de baja la participación de la empresa externa que prestaba sus servicios de vigilancia y se procederá a imponerle una sanción económica, indicó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Las primeras indagatorias apuntan a irregularidades en la operación de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada "en todo el territorio nacional".
Señalaron que ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales por lo que el contrato le será rescindido y a partir de mañana llegarán elementos del servicio de protección federal para ocupar sus responsabilidades.
Rodríguez Velázquez detalló que la empresa sólo "contaba con cuatro elementos con 10 uniformes, sin embargo el contrato que tenía con el INM era por 503 elementos en 23 estados, además no cuenta con permiso de portación de armas y no reportó altas o bajas del personal", por lo que dio inicio el proceso en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.
Aclaró que la omisión en las responsabilidades de la empresa es un tema que debieron revisar diferentes instancias, incluida la misma SSPC
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la funcionaria federal dijo que las investigaciones llegarán "hasta donde tope" para dar con los culpables del incendio y advirtió que "no habrá impunidad y quienes resulten responsables, según las investigaciones, deberán responder ante la justicia".
Por su parte, Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que por estos hechos se han girado seis ordenes de aprehensión por homicidio doloso, de las cuales se han ejecutado cinco y una más está pendiente.
Además, dijeron, se trabaja en la pesquisa sobre las condiciones en las que opera la estación migratoria en Ciudad Juárez y la indagatoria se ampliará a otros centros de la República.
Atención a migrantes heridos
Rosa Icela indicó que objetivo principal del gobierno es la atención médica de los 28 migrantes heridos en el incendio, así como trabajar en la reparación del daño a los deudos de las 39 personas que fallecieron en el incidente. Refirió que por ahora permanecen hospitalizadas 27 personas; 18 muy graves, ocho graves y una estable, además de una persona que ya fue dada de alta.