El día de ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, de manera unánime, dar revés a la reforma gandalla del gobernador de Baja Californa, Jaime Bonilla, con la que intentaba ampliar su periodo de gobierno a cinco años en vez de dos para los que fue electo.
El intento de atraco se sirvió de la colusión general de autoridades y servidores públicos para permitir un cambio ilegal en la Constitución local. Buscando aferrarse tres años más a su cargo, Bonilla utilizó trampas y recursos legaloides para someter una de las reglas más básicas de la democracia: la certidumbre del tiempo que dura un cargo electo.
Hagamos un breve repaso de cada una de las trampas que utilizaron él y sus cómplices.
Pero primero, tal vez surja una pregunta lógica. ¿Por qué un gobernador estaría dos y no seis años en su puesto como sucede en la mayoría de los estados? La respuesta es muy simple. En 2014, el Congreso de Baja California determinó que para que sus elecciones coincidieran con el proceso electoral de 2021, la gubernatura a disputarse en 2019 duraría tan solo dos años. De esta manera, los siguientes procesos estatales podrían empatarse con los federales.
Sobre aviso no hay engaño. Fueron cinco largos años de antelación para tener clarísimo que dicho cargo tendría por única ocasión una duración distinta.
Pero vinieron las elecciones del 2018 y con los resultados de Morena en la entidad tal vez a Bonilla el periodo de dos años como gobernador le pareció poca cosa. A inicios de 2019 Morena comenzó a ejercer presión en tribunales para ignorar lo que señalaba la Constitución local y ampliar a seis años la duración del cargo de gobernador. El Tribunal local le dio la razón, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, de manera unánime, la sentencia que ampliaba el periodo de gubernatura y determinó que el puesto que se disputaba sería solo de dos años.
Como si no hubiese quedado claro el carácter inconstitucional de este proyecto, vino un tercer intento. A tan solo un mes de haberse celebrado las elecciones diputados de todos los colores en el Congreso de Baja California se coludieron para hacer una “pequeña” reforma constitucional y modificar de dos a cinco años la duración de la gubernatura. De esta manera, a través de una sesión madrugadora, Bonilla obtenía por fin lo que no había logrado ni en urnas ni en tribunales.
Precisamente por tratarse de una trampa monumental, estas modificaciones a la Constitución captaron la atención y desaprobación a nivel nacional. Cinco partidos políticos, el INE y la CNDH, interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal del país por considerar que esta reforma violaba lo mandatado en nuestra Constitución.
Por eso es tan importante el fallo que el día de ayer dio la SCJN para que Bonilla ocupe solo dos años el Palacio de Gobierno. Hay que celebrar tanto el resultado final como la forma, pues todas y todos los Ministros coincidieron y mostraron de manera irrefutable que este proyecto se trató de una tremenda ilegalidad.
Esta historia nos deja un aprendizaje, una pregunta y una buena nueva.
En momentos en donde se busca imponer la sed por el poder, en esas infames circunstancias en las que se intentan torcer leyes, partidos, magistrados, diputados y diputadas, se necesita la división de poderes y contrapesos reales. En este caso, la Corte se convirtió en salvaguarda de la democracia en Baja California.
Por otro lado, justo este aprendizaje abre una pregunta: ¿cómo podemos evitar que el gandallismo se vuelva a apropiar de la política al grado que rete todo sentido de legalidad? Sin duda las respuestas requerirán el trabajo conjunto de instituciones, partidos y ciudadanía. Por las repercusiones que podría desencadenar para la democracia mexicana, a nadie le conviene que se repita otro “Bonillazo”.
Al fin nos llega una buena nueva en tiempos de pandemia: la corte mostró su independencia, detuvo al gandalla y con ello logró blindar nuestra democracia.