El presidente Andrés Manuel López Obrador se desistió de demandar a César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por haberlo difamado. En una carta que le envió el 27 de julio pasado y leyó ayer en la mañanera, dijo que decidió no proceder pese a tener “muchas ganas de denunciarlo, no sólo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del Presidente de México”. De esa forma zanjó una polémica que él mismo comenzó el 21 de febrero, cuando dijo que lo demandaría por “daño moral” y “calumnias”, y que ratificó el 29 de mayo.
López Obrador aseguró que “goza de impunidad; es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien, de hecho, calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo con el criterio de que “las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales, gozan de protección absoluta para que quienes desempeñen una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros”.
El Presidente se quejaba de una batería de preguntas que hizo De Castro a Jesús el Rey Zambada, el pasado 14 de febrero, en el contrainterrogatorio del juicio a García Luna en la Corte de Distrito Este en Brooklyn:
-¿Recuerda haber hablado de un pago a Andrés Manuel López Obrador de 7 millones (de dólares)? –inquirió De Castro.
-No –respondió Zambada.
-¿Recuerda haberles dicho (a los fiscales estadounidenses) que le pagó los 7 millones a través de Gabriel Regino, cuando el señor López Obrador estaba compitiendo por la Presidencia contra el presidente (Vicente) Fox?
-Yo recuerdo que le pagué algo del dinero, que según él era para la campaña, no para pagarle a López Obrador.
De Castro estaba tomando apuntes de funcionarios estadounidenses que interrogaron a Zambada, que en parte surgieron durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, a finales de 2018, donde el Rey también fue el testigo estelar. La fiscalía, en ese momento representada por la abogada Saritha Komatireddy, objetó, por lo que el defensor de García Luna refraseó:
-¿No recuerda que le pagó 7 millones de dólares a López Obrador relacionado con (la lucha por la) Presidencia contra Fox?
-No –insistió Zambada.
El juez Brian Cogan intervino y le preguntó a Zambada si no estaba seguro de que lo había dicho, o no recordaba si lo había dicho o no.
-No pude haber dicho eso porque no es verdad, reiteró el exjefe de plaza en la Ciudad de México del Cártel de Sinaloa.
De Castro pidió al juez mostrarle el documento “JRZG 36” sobre el Rey Zambada, que la DEA entregó en forma de notas para el juicio del Chapo Guzmán, pero Komatireddy volvió a objetar y Cogan le dijo al defensor que no estaba en sus declaraciones. “Lo sé”, respondió De Castro, “pero sólo lo estoy pidiendo para refrescar sus recuerdos de lo que dijo”.
“Él dice que no dijo eso”, respondió Cogan. “Tampoco dijo que no recuerda o que necesitan que le refresquen la memoria”. De Castro señaló que originalmente había dicho que recordaba haberlo dicho, aunque era bajo una explicación distinta a la que en ese momento discutían en la Corte, donde “ahora dice que no dijo nada (de ello) porque no era cierto”.
Fue la primera vez que el nombre de López Obrador fue mencionado públicamente en una corte de Estados Unidos, y aun cuando el juez no permitió esa línea de interrogatorio, el apellido del Presidente quedó incorporado en la página 170 del índice onomástico de los procedimientos de ese día.
Desde que se difundió el contrainterrogatorio donde se habla de pagos a López Obrador, el Presidente se quejó de De Castro, que puso al alcance de la opinión pública la existencia de notas de la DEA donde supuestamente Zambada hizo referencia a esos recursos para la campaña de quien en esos momentos gobernaba la capital federal.
Pero lo que alegó el Presidente para no demandarlo, es falso. Ningún abogado en Estados Unidos goza de impunidad. Hay criterios que les permiten trabajar sin temores, pero no están blindados. López Obrador sí pudo haberlo demandado, aunque, según expertos, con escasas posibilidades de ganar. De haber iniciado el proceso, el caso habría sido devastador para el Presidente por estas razones:
1.- De Castro no inventó la imputación, pues precisó que son notas de la DEA, tomadas de sus primeros interrogatorios al Rey Zambada. La demanda tendría que haber sido contra el narcotraficante y/o los agentes de la DEA que lo interrogaron y redactaron las notas.
2.- Si hubiera demandado, López Obrador tendría que haberlo hecho en calidad de ciudadano, sin fuero presidencial, y someterse a la jurisdicción de la justicia de Estados Unidos.
3.- Tendría que haber ido a la Corte como demandante, y escuchar los interrogatorios de Zambada y los agentes de la DEA que lo interrogaron y redactaron las notas en las que basó sus preguntas De Castro.
4.- En ese juicio aparecería el documento mencionado por De Castro, el “JRZG 36”, que son las siglas de Jesús Reynaldo Zambada García y el artículo 86 del Código Penal de Estados Unidos, que se refiere a “delitos mayores de drogas”. En él, como lo señaló De Castro, aparecería el nombre de López Obrador como receptor de 7 millones de dólares. Si es falso o no, eso se tendría que dilucidar en la demanda.
5.- Al sentarse en la Corte, el Presidente no sería el jefe de Estado mexicano, sino un ciudadano que aceptó el resultado legal de los procedimientos en la corte, y en caso de que perdiera el pleito, estaría a disposición de la justicia y afrontaría las consecuencias.
Estos puntos son hipotéticos, porque López Obrador se desistió de demandar, pero sirven para ilustrar de lo que se salvó el Presidente gracias a que tuvo una asesoría jurídica sensata que no se dejó llevar por las pasiones.