Genaro García Luna, el más poderoso secretario de Seguridad Pública que haya tenido México, fue sentenciado ayer a 38 años de cárcel por haber trabajado para el Cártel de Sinaloa y recibir millones de dólares de la organización criminal. García Luna pensaba que le iban a dar de tres a cuatro cadenas perpetuas. La fiscalía pidió una cadena perpetua, mientras la defensa solicitó 20 años. La decisión del juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, sorprendió a todos. La sentencia no dice mucho de lo jurídico –era un caso juzgado–, pero mucho en lo político, y renovará el flagelo contra García Luna, cuya personalidad le generó numerosos enemigos, y azuzará las críticas contra quien fue su jefe, el expresidente Felipe Calderón.
García Luna tenía semanas de haber preparado a su familia de que este sería el desenlace del juicio, porque sabía que la moción que presentó para la anulación del juicio sería muy difícil que la ganara. La moción, sin embargo, sirvió para que la defensa comenzara a preparar los alegatos de las apelaciones, que serán presentadas en breve, contra la condena del jurado popular y contra la sentencia de Cogan, sustentadas ambas en la violación del debido proceso.
El abogado de García Luna, César de Castro, presentará una apelación contra el veredicto del jurado popular que lo encontró culpable, y otra apelación ante un tribunal de pleno derecho, para que se desahoguen las pruebas de perjurio de los testigos cooperantes que presentó, pero ni Cogan ni los fiscales revisaron, aunque alegó que habían incurrido en ocho violaciones a las obligaciones Brady, que obligan a los acusadores a revelar toda la evidencia incriminatoria o exculpatoria en su poder para garantizar el debido proceso.
Cogan fue aceptando las mociones de la defensa con una celeridad inusual y llegó, incluso, a pedirle a los fiscales que le llevaran a sus testigos cooperantes para que él, personalmente, pudiera hablar con ellos y formarse un criterio sobre si había sustento en la acusación de perjurio. Los fiscales argumentaron que había testigos que no encontraban pero se estaba en el proceso de llevarlos a la corte de Brooklyn cuando se dio la captura de Ismael el Mayo Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa.
Su detención cambió la dinámica en la corte de Cogan. Menos de una semana después de la detención, cuando estaba claro que Zambada sería juzgado por él en Brooklyn –su primera audiencia es mañana–, Cogan canceló todas las gestiones y fijó la fecha para dictar la sentencia de García Luna. Un matiz de alta relevancia en su decisión fue que Cogan descartó la evidencia que presentó la defensa para que se anulara el juicio, pero dejó activos a todos los testigos, que con mentiras y dichos convencieron al jurado de encontrar culpable al exsecretario.
El caso fue político, como lo planteó la moción para la anulación del juicio, pero Cogan, saliéndose de ese contexto, dejó abierta la puerta para que en el futuro, con los mismos testigos u otros nuevos que repitan el guion que presentó la fiscalía –De Castro probó cómo habían puesto los acusadores de acuerdo a los criminales para declarar lo mismo–, se pueda juzgar a más políticos o funcionarios mexicanos.
Cuando detuvieron a García Luna, López Obrador vio la oportunidad de acabar con el viejo régimen y le ofreció al gobierno de Trump todo lo que quisiera para frenar la inmigración a cambio de que los fiscales convencieran a García Luna de imputar a decenas de personas –los expresidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, todos los exsecretarios de Gobernación y Hacienda, los principales empresarios y los dueños y periodistas de los medios de comunicación más influyentes– de estar vinculados con el narcotráfico. Los fiscales le hicieron la propuesta a García Luna, quien se negó argumentando que no imputaría a nadie que no tuviera pruebas. El fiscal adjunto en la corte de Brooklyn, Michael Robotti, le dijo que no necesitaba pruebas, que sólo mencionara los nombres que le había enviado el gobierno de López Obrador y ellos armarían los casos.
García Luna nunca aceptó negociar con los fiscales en sus términos, pero en una carta que hizo pública su defensa hace un mes, le hizo un guiño a los fiscales para negociar en sus términos. La defensa tiene documentos, fotografías y videos que prueban que los testigos cooperantes, el agente de la DEA Miguel Madrigal, a quien se jubiló prematuramente cuando presentaron la moción de anulación del juicio, y el exagente de Agencia Federal de Investigación Francisco Cañedo Zavaleta, que declararon contra García Luna, cometieron perjurio.
De haberse anulado el juicio por haber cometido perjurio, como lo pidió la defensa de García Luna, los testigos cooperantes habrían quedado invalidados para ser utilizados más adelante en casos futuros. Al no investigar la validez de sus dichos o determinar si habían mentido, como alegaba la defensa, seguirán activos para participar en cualquier otro juicio que inicie la fiscalía de Brooklyn. Para entender la forma como operan los fiscales, uno de los testigos cooperantes, Sergio Villarreal Barragán, declaró que nunca le pidieron pruebas que respaldaran sus dichos. Ningún testigo cooperante presentó evidencias. Fueron sólo dichos y mentiras flagrantes.
García Luna fue un caso de éxito para el Departamento de Justicia, que ha mostrado su apetito por llevar a México al banquillo de los acusados. En el caso del exsecretario se confabularon con López Obrador y lavaron cara tras el revés que sufrieron con el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, detenido en Los Ángeles en 2020 con base en imputaciones absurdas de criminales. Cienfuegos fue liberado por la presión de López Obrador, no por gusto, sino obligado por una rebelión de generales.
El derrotero de García Luna tomará su propia dinámica y después de los ataques se irá desvaneciendo en la opinión pública hasta que se conozca el resultado de la apelación. Lo que permanecerá vigente es la amenaza para políticos mexicanos con nuevos testigos cooperantes, como Zambada, que ya comenzó a hablar en Brooklyn.