Todo gobierno tiene servicios de inteligencia y contrainteligencia. En México, donde la inteligencia no se utiliza para la toma de decisiones que salvaguarden la seguridad nacional, la contrainteligencia es el método recurrente. De esta manera, el gobierno ha podido detectar los riesgos para el Estado mexicano y actuar en consecuencia. El uso de esa información es lo que define motivaciones y objetivos, por lo que la difusión pública de esa información pervierte el trabajo y cae en lo que se conoce como espionaje político. Esta distorsión de la contrainteligencia es lo que sufrió el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al publicitarse audios que comprometían su obligación con la ley, exhibían sus abusos de poder y mostraban la inexistencia de la división de poderes con el Poder Judicial.
La difusión de los audios buscó hacerle un daño, al enmarcarse en vísperas de la discusión en la Suprema Corte sobre los amparos de sus familiares políticos para difundir los audios que revelaban los esfuerzos, apoyados por ministros de la Corte, para actuar en contra de su excuñada y su hija, aunque en el fondo estaba el daño reputacional inserto en el conflicto con el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer y las acusaciones contra un grupo de abogados cercanos a él, acusados de extorsión.
La Fiscalía General abrió una investigación para descubrir quién intervino las comunicaciones de Gertz Manero y, se asume, quién difundió los audios. El trabajo, como se vio en el gobierno desde el primer momento, fue interno. Pero, por lo que ha trascendido de la intervención, el enemigo que tiene el fiscal es enorme y con gran capacidad tecnológica y política para desafiar al hombre que, posiblemente, sea más poderoso que el propio Presidente de la República, y sentirse lo suficientemente fuerte para enfrentar el tsunami que viene.
La intervención a las comunicaciones del fiscal se dio en el sistema de CISCO, la empresa de ciberseguridad privada más grande del mundo, que ofrece soluciones de seguridad en toda la infraestructura de comunicación interna, con lo que se descarta que haya sido a través de la red del gobierno federal o de dispositivos móviles. El sistema CISCO es un sofisticado modelo de encriptación, y lo más seguro en poder de la fiscalía.
Para poder intervenir las comunicaciones protegidas por CISCO no se requieren programas (malware), sino se hace de forma manual, según explicaron especialistas. El método es similar a lo que antaño hacía el Cisen para intervenir teléfonos: ir a los paneles de Telmex en las vías públicas, desde donde realizaban la intervención sobre una línea específica. En este caso, sintetizando al máximo el complejo proceso, lo que sucedió para intervenir las comunicaciones de Gertz Manero es que una persona accedió al panel del sistema CISCO en la Fiscalía General y seleccionó la línea a intervenir.
De acuerdo con la información obtenida, la línea escogida fue la de Juan Ramos, el fiscal especializado de Control Competencial –antes Delitos Federales– y brazo derecho de Gertz Manero, de quien fue su abogado y trabajó a su lado durante dos décadas, que figura como su interlocutor en los audios difundidos en las redes sociales. Para haber llegado a esa conclusión, los investigadores de la fiscalía debieron haber realizado los peritajes en todas las líneas conectadas a CISCO, que supo desde el primer momento Gertz Manero que era el sistema comprometido porque debió recordar que fue por esas líneas encriptadas donde habló del tema de su familia política. La investigación debe haber incluido a todos los técnicos con acceso a CISCO, que, muy probablemente, rindieron declaraciones ministeriales.
Como le dijo el fiscal a los senadores durante la reunión que tuvo la semana pasada con la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia, les informará los resultados de la investigación, sin que les adelantara hasta dónde está concluida. Tampoco se sabe si ya tiene claro qué instancia gubernamental operó la intervención, y si existe una ruta crítica para determinar si quienes son los autores intelectuales de las intervenciones, también son los responsables de la difusión de los audios, o sólo se entregaron a quienes los subieron a las redes, sin necesariamente saber qué destino le iban a dar.
El otro plano de la intervención es que no se sabe aún si los investigadores pudieron establecer desde cuándo podrían haber estado comprometidas las comunicaciones de Ramos, lo que debe haber llevado al fiscal a hacer un ejercicio de memoria o revisar su bitácora de llamadas realizadas a través de los aparatos en ese sistema. Por la forma cándida como hablaron Gertz Manero y su colaborador en los audios difundidos, es probable que existan otras grabaciones incómodas de Ramos con sus colaboradores, sus pares, importantes personeros de la Suprema Corte de Justicia o funcionarios del gobierno. Qué tan explosivos pueden ser sus contenidos es algo que sólo Ramos o el fiscal pueden saber.
La información de que la intervención fue realizada a través de CISCO presenta problemas diferentes. El primero parte primero de quién, por razones de inteligencia y contrainteligencia, tiene intervenidas las comunicaciones de los más altos funcionarios de la fiscalía. El segundo es conocer las motivaciones por las cuales se entregaron los audios o se difundieron éstos, en el caso de que sea la misma persona que autorizó la intervención y el uso público de un fragmento del material conseguido. El tercero es, si fuera el caso, la motivación por la que los audios fueron entregados a una cuarta persona que los hizo públicos para dañar a Gertz Manero.
Es altamente probable que existan horas de conversaciones de Ramos, algunas con Gertz Manero, y que hay una inteligencia detrás de las intervenciones que selecciona, con fines de difusión pública, fragmentos que dañan la reputación del fiscal y afectan su trabajo. El desdoblamiento del conflicto Gertz Manero-Scherer muestra la profundidad y lo complejo del problema que tiene en su despacho el presidente Andrés Manuel López Obrador.