Carolina Robledo nació en Colombia pero estudió y trabaja en México. Su maestría la hizo en el Colegio de la Frontera en Tijuana y su doctorado en el de México. Pudo cursar esos estudios gracias al Conacyt. Y también gracias a ese organismo trabaja desde hace cinco años, adscrita al Ciesas, desentrañando cómo las familias víctimas de la desaparición forzada de uno de sus integrantes construyen procesos de justicia.
“La justicia no es algo que nos esté dado porque haya leyes, sino que la justicia ocurre cuando hay una exigencia colectiva. Es un resultado de una demanda social”, dice vía telefónica Robledo. Tras concluir sus estudios le interesaba estudiar “cómo se sobrevive la guerra, cómo las víctimas gestionan ese duelo, y cómo lo politizan para exigir justicia”.
Si algo la animó a quedarse en México fue el retribuir el apoyo que aquí se le dio para estudiar. En ésas estaba, a la mitad de un proyecto de 10 años, cuando el Conacyt le informó que teniendo trabajo debe buscar trabajo, condición para seguir recibiendo el respaldo que ha tenido –del propio Conacyt– para investigar y dar clases.
Es todo confuso, dice Carolina al explicar lo que le llevó, a ella y a muchos científicos que están en su misma situación, a denunciar en redes sociales que el Conacyt pretende obligarlos a buscar trabajo para renovarles sus contratos: lograron sin embargo que #buscotrabajo se volviera tendencia.
Un resumen de este raro problema podría ser el siguiente: mil 273 científicos trabajan para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en un esquema donde son adscritos a una institución pero su sueldo lo paga el Conacyt. Así ha sido por años, mas cada 12 meses les renuevan su contrato, que es de personal de confianza. Pero en junio pasado el gobierno que dice que va a regularizar a todos los burócratas les avisa que mejor busquen chamba –en el organismo donde ya colaboran o en otro lado–. Que de lo contrario podrían salir del programa.
Hay que apuntar un antecedente nada menor. Buena parte de estos científicos inició en 2018 las diligencias necesarias para conformar un sindicato. El Conacyt está en contra de eso y hay un litigio al respecto en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde la semana que entra esa autoridad laboral dirá si es legal o no la huelga que están convocando para demandar regularización de sus condiciones laborales –contrato colectivo, por ejemplo–, negociaciones que han sostenido durante meses.
En ésas estaban cuando el Conacyt publicó en junio, como apunté líneas arriba, nuevos lineamientos y nuevo estatuto de personal académico. “Nos sorprendió. Fue sin consultar. Parecen medidas hechas al vapor. Encontramos que lesionan nuestros derechos laborales y por eso enviamos un documento extenso sobre las mismas, en la línea del derecho”.
Robledo, secretaria de prensa del sindicato en ciernes, dice que no son charras, que sólo buscan las mejores condiciones –certidumbre de largo plazo y libertad de cátedra– para llevar a cabo su trabajo. Teme que mientras sigan siendo catalogadas como personal de confianza estarán supeditadas a la política pública de turno, y podrían ser removidas en cualquier momento.
“Conacyt es nuestro patrón y tiene que garantizar nuestra permanencia, de lo contrario entenderemos que lo que quieren es ir desmantelando este programa de cátedras, que no desean asumir su responsabilidad”, explica Robledo, que agrega que los salarios de estos investigadores no han subido desde 2014.
¿Violación de derechos de científicos adscritos al Conacyt de AMLO? Uy, que no se entere el fiscal Gertz Manero porque les echa montón.