Al llegar a Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador prometió que los de su movimiento no serían iguales a la clase política que se repartió el poder en los sexenios previos. Sin embargo, Morena y aliados han demostrado que están lejos de cumplir la promesa; y parecen no advertir que los abusos en que incurren minan su viabilidad en el corto plazo.
En cuatro años de máximo poder, Morena y los partidos rémora que le siguen no han mostrado el más mínimo intento de establecer un nuevo parámetro de comportamiento ético. Los más recientes ejemplos ocurren en el Senado de la República.
Hace unos días el diario Reforma reveló que dos senadoras y un senador del oficialismo viajaron a Egipto con todo pagado a una reunión climática de la ONU a la que no podrían asistir. Y hoy, tan campantes.
Se trata de las senadoras Geovanna Bañuelos y Sasil de León, que respectivamente encabezan las chiquibancadas de los partidos del Trabajo y Encuentro Social, y del senador morenista Raúl Paz Alonso. Los tres tramitaron viáticos para participar en la Cumbre sobre Cambio Climático (COP27), realizada en Egipto del 6 al 18 de noviembre pasado. Según Reforma, la Cancillería advirtió un mes antes que no era posible acreditarlos, pero visitar El Cairo bien vale un quemón mediático, han de haber pensado.
El turismo legislativo es una lacra nada nueva. Y el presidente López Obrador, al contrario de sus antecesores, desdeña particularmente los viajes a cumbres en el extranjero. Su gobierno ha complicado, incluso, la necesaria participación de funcionarios de varias dependencias al prohibir o limitar viáticos y hasta permisos para esas diligencias.
Ahora bien, vivales siempre habrá, pero lo que es realmente revelador, y al mismo tiempo lamentable, es que habiendo sido cachados en el abuso, las diferentes instancias que podrían aplicar correctivos no se interesan en tomar medidas que refuercen el mensaje de combate a la corrupción que el jefe máximo de este movimiento repite semana tras semana desde Palacio.
Dejar sin sanción a quienes abusan tiene múltiples consecuencias. Incentiva, en primer lugar, la repetición de la conducta indebida. Cancela, por otra parte, la movilidad interna: imaginen la frustración de quienes buscan competir, dentro del oficialismo, por los puestos: si los abusos no se sancionan, entonces todos los que buscan ascender saben que quienes hoy ostentan el poder tendrán una ventaja particular, una que les cancela opciones. Y las consecuencias más severas de esos abusos serán fuera del oficialismo.
La popularidad de López Obrador es estándar, es más o menos correspondiente con otras que han tenido presidentes a estas alturas de su sexenio. Hay quien piensa que debería ser menos, dado que su administración es terriblemente disfuncional en temas como salud (abasto de medicinas peor que nunca, por ejemplo), pero lo cierto es que es un mandatario todavía respaldado por dos terceras partes de la población.
Ese respaldo no alcanzará para cubrir indebidas conductas de quienes se cobijan en Morena para ganar votos.
Y si bien el Presidente es raudo para salir a denostar revelaciones incómodas sobre políticos de su movimiento como un ataque a su gobierno, el discurso no va funcionar en el mediano plazo.
En el pasado, los gobiernos federales del PRI y del PAN perdieron tracción por similares escándalos.
El nepotismo, el gandallismo, la corrupción, el plagio, el usar tu poder para quedarte en una casa que te rentabas pero ya no pagas y el turismo legislativo ya causaron tropezones a otros presidentes.
Y si de plano ni deseos muestran para sancionar esos abusos, el futuro se los cobrará.
Parecen no advertir que los abusos en que incurren minan su viabilidad en el corto plazo