El expresidente Felipe Calderón ha sido criticado por su política de seguridad, pero también por haber anunciado obras que, pese a ser entregadas en algunas casos, fueron objeto de muchas críticas.
Sobrecostos en proyectos de construcción, obras inconclusas y otras que pasaron a la historia... pero por inservibles, caracterizaron el mandato del panista.
Aquí te presentamos una serie de proyectos altamente cuestionados en materia de seguridad, energía y hasta en temas de salud que prevalecieron en sexenio.
El 24 de noviembre de 2009, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa inauguró el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, con la promesa de tener un espacio donde las acciones en materia de seguridad fueran concentradas; sin embargo, el propósito no salió como esperaban.
La inversión del conocido 'Búnker' de seguridad ascendió a los 3 mil 365 millones de pesos. Con ese monto, se tenía previsto una construcción de primer nivel que consistía en un edificio de tres pisos subterráneos, en una superficie de 10 mil 580 metros cuadrados, capaz de albergar todas las bases de datos de sistemas de seguridad nacionales y estatales, pero al igual que otras cosas que prometió, no cumplió.
De acuerdo con la actual secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, uno de los detalles más cuestionados fue el ideal con el que fue realizado: que emulara a los centros de operación de películas o series estadounidenses, según el mismo Felipe Calderón. Estaba repleto de pantallas.
Por si fuera poco, los contratos fueron entregados de manera directa, sin licitación, a 29 empresas y tres universidades.
Otro exceso, según los críticos del proyecto, es el polémico túnel de 400 metros, climatizado y ambientado, que se encuentra en 'El Búnker' y conectaba con la oficina de García Luna.
En el lugar también hay cuatro módulos de seguridad, pantallas e instalaciones estratégicas desde donde se difundían imágenes que, supuestamente, eran grabadas en tiempo real, pero que en realidad correspondían a videos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Considerado un "monumento a la corrupción", se trata de una obra que surgió por el festejo del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana.
La obra sufrió una serie de cuestionamientos porque se tenía previsto inaugurar el 15 de septiembre de 2010, pero se retrasó y fue hasta el 2012 cuando el entonces presidente Calderón cortó el listón.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó un sobrecosto de la obra, para la cual se pidieron 394 millones 400 mil pesos y terminó costando mil 146 millones 372 pesos..
Calderón defendió el proyecto y explicó que los retrasos de la obra fueron por errores en la ingeniería y de ahí que se elevase el costo de la obra.
Sin embargo, Gabriel Regino García, abogado de los empleados de la empresa encargada de ejecutar la obra, presentó la denuncia y aseguró que la Estela de Luz fue una obra diseñada para el desvío de recursos, todo planeado por Calderón Hinojosa.
El abogado aseguró que la obra tuvo varias irregularidades pues desde el principio se hizo a través de una licitación restringida y que la empresa que resultó ganadora, era cercana a la Presidencia.
Una de las grandes obras de Calderón en materia hídrica fue la presa Picachos, la cual se llevó las miradas y las críticas por construirse sin contar con el aval o decreto de expropiación en algunas comunidades aledañas al sitio.
Lo anterior generó una serie de enfrentamientos y polémica que se agravaron cuando se inundó a comunidades enteras durante los trabajos de la presa.
Según Calderón, la obra serviría para irrigar con agua potable a cerca de 23 mil hectáreas en Mazatlán, Concordia y Rosario, en Sinaloa. Para ello, trasladaron a los habitantes a otras regiones, sin pagar indemnizaciones o pactar un monto justo por las tierras que se ocuparían, lo que ocasionó una serie de protestas.
En noviembre de 2012, justo antes de abandonar la presidencia, Calderón acudió a la zona para "entregar" la obra y afirmó que no habría problema de agua en los próximos años. Sin embargo, las manifestaciones todavía perduraron por varios años ante la denuncia de un desplazamiento para permitir la creación de la presa Picachos.
Su administración incluso informó en esa ocasión que, pese a dejar la presidencia, quedarían obras pendientes como la construcción de un acueducto y un canal de riego en la misma zona.
El 18 de marzo de 2008, para conmemorar la expropiación petrolera, Calderón anunció que por primera vez en muchos años se construiría una nueva refinería, 15 años después, el proyecto quedó en una barda en la que se invirtieron más de 500 millones de pesos.
De acuerdo con el entonces presidente, la obra iba a revolucionar la industria petrolera y generaría miles de trabajos directos y indirectos. Por nombre llevaría "Bicentenario" y se ubicaría en Tula, Hidalgo.
Calderón tenía previsto que la refinería sirviera para distribuir gasolina y derivados del petróleo en el centro del país. Por ello adquirió 700 hectáreas en la región por un monto de 9 mil 600 millones de pesos, todo para que fuera cancelada en 2014 por el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya.
Especialistas confirmaron que el proyecto era inviable y resultaba más rentable invertir en el resto de las seis refinerías nacionales.
Años después, la crítica sobre ese proyecto que emprendió Felipe Calderón y nunca terminó sigue mientras se construye una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco.
Uno de los cuestionamientos más grandes sobre obras de infraestructura de Calderón en materia de seguridad tiene que ver con las cárceles.
El panista inauguró el 2 de octubre de 2012 la que sería la primera de ocho cárceles de máxima seguridad, lo que no se informó es que mantener a presos en esos centros le costaría más de 16 millones de pesos por año a todos los mexicanos.
Para esa ocasión, Calderón aprobó que las prisiones se construyeran con recursos públicos y privados, por lo que otorgó concesiones para el manejo de esas prisiones por más de 20 años.
De acuerdo con Felipe las instalaciones serían a prueba de riñas y motines porque estaban inspiradas en el modelo de cárceles de Estados Unidos.
Años después se descubrió que se otorgaron contratos de manera directa y beneficiando a redes cercanas al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos.