El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se sumó de nuevo, a la 4T pero esta vez como asesor de la transición de gobierno en Tamaulipas con Américo Villareal.
El gobernador electo y Santiago Nieto se reunieron al medio día y acordaron que, junto con su equipo de colaboradores, se dará asesoría administrativa y jurídica al grupo que designe el nuevo gobierno estatal para desarrollar los trabajos de entrega-recepción a partir del próximo 1 de septiembre conforme lo marca la ley.
De acuerdo con lo informado en un comunicado de prensa, el también exfiscal de delitos electorales del gobierno federal, dará seguimiento además a las acciones legislativas de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, que según ha señalado el grupo parlamentario de Morena, “están enmarcadas en la ilegalidad” y han motivado acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
“Queremos que la sociedad tamaulipeca vea que este gobierno de la transformación que iniciaremos el 1 de octubre, sea diferente a todos, donde la justicia, la honestidad y la verdad sea un sello que nos distinga”, precisó el gobernador electo.
Nieto Castillo fue el encargado de indagar el caso Cabeza de Vaca, donde descubrió una posible red de lavado de dinero conformada por el panista, sus hermanos, madre, esposa y empresarios de Reynosa.
Derivado de los hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero de Cabeza de Vaca, mismo que aprobado por la Cámara de Diputados pero rechazado y llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Congreso de Tamaulipas.
La confrontación de Cabeza de Vaca y Santiago Nieto se ha mantenido a pesar de que el político queretano renunció a la UIF por la polémica de su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, celebrada en La Antigua, Guatemala.
El tono del enfrentamiento verbal ha crecido y el exfuncionario ha sido llamado sicario Nieto por el gobernador Francisco García y su hermano, el senador Ismael García, quienes lo acusan de fabricar las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.