Porque el gobierno mexicano enfrenta una grave acusación de vigilar la vida privada de los ciudadanos
El tema del espionaje en México sigue dando de qué hablar pues ha habido nuevas revelaciones al respecto.
Este jueves, se reveló quién compró y cuánto costó Pegasus, el spyware utilizado por el gobierno, así como el supuesto espionaje a políticos, específicamente panistas. ¿Ya te perdiste entre tanta información? Aquí, te dejamos las claves del caso.
1. LA REVELACIÓN
El pasado 19 de junio el periódico The New York Times publicó que el gobierno mexicano espiaba a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas a través del software conocido como Pegasus, que es utilizado oficialmente para investigar a terroristas y criminales.
"El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto", indicó el Times en su nota.
2. LOS ESPIADOS
La periodista Carmen Aristegui, el titular del IMCO, Juan Pardinas; el director del Centro Prodh, Mario Patrón; así como Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007, forman parte del listado inicial dado a conocer por el NYT.
Pero el listado creció este jueves cuando varios expertos confirmaron que integrantes del PAN fueron blanco de Pegasus. Después de que surgió el escándalo la semana pasada. Acción Nacional (PAN) pidió al Citizen Lab de la Universidad de Toronto, una organización que monitorea internet, que investigara los mensajes sospechosos que llegaban a sus celulares.
Citizen Lab presentó un informe este jueves señalando que el presidente del PAN Ricardo Anaya, su vocero Fernando Rodríguez Doval y el líder del partido en el Senado, Roberto Gil Zuarth, fueron blanco del ataque.
3. LOS INVOLUCRADOS
La Procuraduría General de la República (PGR) fue la dependencia que adquirió Pegasus. Este miércoles, Milenio dio a conocer el supuesto contrato con el que la dependencia adquirió el software, aunque dichos medios informaron que este documento no comprueba que haya sido la PGR la instancia que espió a ciudadanos.
De acuerdo con el diario, fue la oficina de la procuradora Arely Gómez la que recibió el equipo de espionaje para usarlo contra 500 objetivos; sin embargo, se detalla, quien adquirió el spyware fue la administración del extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
El oficio menciona a Noé Ramírez Gutiérrez, entonces jefe de la oficina de la procuradora General de la República, como “administrador y operador del sistema” Pegasus.
4. EL COSTO
La PGR pagó 32 millones 16 mil dólares al Grupo Tech Bull, SA de CV por el software, reveló a Denise Maerker en Noticieros Televisa.
La periodista mostró copia del contrato que firmó la PGR con el Grupo Tech Bull, el 29 de octubre de 2014, cuando Jesús Murillo Karam estaba a la cabeza de la dependencia.
5. LA RESPUESTA
El presidente Enrique Peña Nieto rechazó el pasado 22 de junio las las acusaciones de que su gobierno era responsable de la trama y prometió una investigación de la PGR.
Peña habló sobre espionaje durante la inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde, aseguró que todo era falso y que era "muy fácil" señalar de espía al gobierno. Dijo, que los supuestos afectados no tenían pruebas y aseguró que él también se siente espiado.
6. LA INVESTIGACIÓN
Aunque fue la dependencia que adquirió el software, la PGR está a cargo de la investigación del espionaje.
La dependencia informó este lunes que colaborará con instancias internacionales para investigar y dar con los responsables del supuesto espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, informó Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).
El funcionario federal explicó que la fiscalía, dependiente de la PGR, cuenta con un plan de investigación ministerial para atender las quejas de varios ciudadanos que manifestaron ser víctimas de intervención ilegal de sus comunicaciones.
"Los hechos vertidos en la prensa son serios y esta Procuraduría agotará las líneas de investigación para asegurarnos que los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en México, puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que las leyes les otorgan, la investigación está en curso", dijo el titular de la FEADLE.