En apenas dos años, aprovechando mecanismos incluidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Napoleón Gómez Urrutia, por sí mismo o con sus aliados, ha ido desplazando a sindicatos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Cabe cuestionar si este reposicionamiento es resultado de votaciones democráticas o más bien de una operación apalancada por amigos estadounidenses del también senador por Morena.
Hasta ahora se puede hablar de al menos cinco casos que presentan, en términos generales, el mismo modus operandi. Se trata de lo acontecido en la planta de Silao de la General Motors, la empresa Tridonex en Matamoros, una de Panasonic en Reynosa, y dos en Coahuila: Teksid Hierro en Frontera y Manufacturas VU en Piedras Negras.
Desde la aprobación del T-MEC en 2018 se vislumbraba un terremoto en el panorama sindical. El nuevo tratado garantizaba, y comprometía a México a garantizar, reales condiciones para la democracia al interior de los gremios. Desde entonces se han presentado quejas en Estados Unidos sobre posibles violaciones a derechos laborales. En cinco de esas solicitudes para que se revisen relaciones laborales se repiten actores cercanos a Gómez Urrutia.
Para empezar, está uno de los casos más sonados: el de la planta de Silao de General Motors. La respectiva queja fue presentada por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en español), que ha sostenido una relación con Gómez Urrutia desde hace casi dos décadas (le manifestaron apoyo en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón).
Fue precisamente la AFL-CIO quien urgió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a activar el mecanismo laboral del T-MEC para evaluar supuestas violaciones a la libertad sindical en la GM de Silao, Guanajuato. El resultado es conocido: en febrero de este año el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Sinttia) se impuso en esa votación a la CTM. En el proceso hubo quejas de intromisión de Gómez Urrutia y de líderes sindicales de Canadá.
El procedimiento fue similar en el caso de la tamaulipeca Tridonex. En junio de 2021 la AFL-CIO demanda a México ante Estados Unidos. En esta ocasión la denuncia fue en conjunción con el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios (SNITIS), y éste, en marzo pasado, terminaría por obtener el contrato colectivo en disputa. La abogada de SNITIS es Susana Prieto, que ha sido respaldada por United Steel Workers (USW), la organización industrial más importante de Estados Unidos y Canadá, misma que en su momento, cuando se autoexilió en Vancouver, apoyó a Gómez Urrutia. Y el mismo SNITIS es el que se queda, tras queja en Estados Unidos, con la representación de Panasonic en Reynosa.
En el caso de Manufacturas VU, apenas el 1 de septiembre ocurrió algo parecido: ganó un sindicato que se hizo de la representación a costa de uno de la CTM y luego de denuncias de que la respectiva queja en Estados Unidos había sido promovida por activistas apoyados en aquel país.
La quinta empresa en cambiar de representación gremial de esta manera fue Teksid Hierro: tras denuncia internacional de la AFL-CIO, del USW y del Sindicato Minero, éste se quedaría como titular del contrato colectivo.
Cinco quejas apadrinadas desde Estados Unidos y en las que terminan ganando Gómez Urrutia o sus aliados. ¿Toda derrota de la CTM y triunfo del senador de Morena es democracia? ¿El nacionalista presidente López Obrador bendice la injerencia estadounidense en estas disputas sindicales?